“No se humilla al partido de Salvador Allende”. Así de categórica fue la respuesta del actual ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a la coalición conformada por el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA) tras la fallida negociación por las primarias presidenciales del año 2021. En esa ocasión, un muy molesto Partido Socialista (PS) acusó a sus hoy aliados de “sectarismo” y “mala fe”, enrostrándoles que no creían realmente en la unidad de las fuerzas progresistas. Pero aquello cambió rápidamente luego de Gabriel Boric en el balotaje a fines de ese año. En rigor, antes de asumir la presidencia se despejó la incógnita sobre su relación con la tienda socialista. Serían parte del Gobierno, a la cabeza -por ejemplo- del ministerio de Hacienda, y luego del triunfo del Rechazo llegarían al corazón del comité político.    

Hoy, luego de las devastadoras consecuencias de la frustrada compra de la casa de Guardia Vieja, el partido de Allende declara una vez más sentirse humillado y molesto. El escándalo tuvo como resultado la salida de la ministra Maya Fernández (PS) y la inédita cesación en el cargo, por parte del Tribunal Constitucional, de Isabel Allende, senadora e hija del expresidente. Ahora, es cierto que ya es costumbre arraigada en el Gobierno “cortar el hilo por lo más delgado” cuando toca hacer efectivas responsabilidades frente a sus errores más mediáticos, los cuales, además, en su mayoría tienen como origen decisiones del propio presidente. Sucedió así con la salida de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, tras los indultos -facultad exclusiva y discrecional del presidente- y con la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, en medio del escándalo que nos convoca (no olvidemos el caso Monsalve). Sin embargo, en esta ocasión los socialistas parecen querer exculparse excesivamente, arrogándose una inocencia casi burda en los hechos de la causa.

Mucho se ha escrito sobre lo insólito de la supuesta ignorancia de una parlamentaria con una trayectoria de tres décadas y una ministra y exparlamentaria acerca de los límites de sus facultades constitucionales. Pero ahora los lamentos del PS han llegado aún más allá, al punto de culpar al gobierno por los votos de las dos magistradas del Tribunal Constitucional nombradas por Boric, ligadas al FA por fallar conforme a la Constitución y propiciar la cesación de la senadora involucrada. Entre ellos, el diputado socialista Daniel Manouchehri, que calificó el hecho de “vergonzoso”. Pero el partido de Allende se humilla a sí mismo al denunciar este sinsentido. No solo evitan asumir su parte en la culpa por el escándalo de la compra, sino que se muestran molestos, porque sus pretendidas aliadas en el TC han obrado como corresponde, cumpliendo su función de apegarse al Derecho en lugar de actuar como una “tercera cámara” que favorece a un sector político. Todo lo cual resulta incomprensible en el contexto de la compleja relación que siempre ha tenido la izquierda chilena con el referido tribunal, al que históricamente han acusado de ser servil a intereses extrajurídicos. Desafortunadas declaraciones como ésta hacen -además- recordar análogas del mismo Boric, Jackson y compañía los años previos a llegar al gobierno desacreditando nuestra institucionalidad (irresponsabilidad que, por cierto, les explotó en la cara).

El Partido Socialista podrá ser el adulto responsable del Gobierno la mayoría del tiempo, pero eso no los blinda de ser responsables políticamente de muchos de sus deslices. No es razonable que se excusen de manera condescendiente frente a cada escándalo de la actual administración con que se han visto involucrados por inmolarse a ayudar a un ejecutivo inexperto. A raíz de la “traición” son varios militantes los que cuestionan si realmente comparten un proyecto país y una manera de hacer política con sus aliados frenteamplistas, pero parecen olvidar que ellos mismos terminaron por sepultar los años dorados de la Concertación al abdicar frente a la nueva izquierda que venía a hacer una nueva y superior política. Con tal de mantener el poder no dudaron en cambiar todo lo que fuese necesario.

Al final, no deja de ser lamentable que una parlamentaria de respetable trayectoria como Isabel Allende termine así su carrera política. Pero su trágico desenlace es tan solo un retrato de las consecuencias que ha tenido para la izquierda tradicional el sucumbir ante el Frente Amplio. En este sentido, los problemas no comienzan con el gobierno de Boric. Ejemplo de ello fue la presidencial de 2017, cuando apoyaron a Alejandro Guillier en desmedro del expresidente Ricardo Lagos, y en último término al año 2011, cuando se rindieron ante la nueva izquierda que hoy gobierna. ¿Existirá alguna vez una autocrítica a la altura de las circunstancias en las tiendas socialistas por haber abdicado de sus mejores años?