Columna publicada el domingo 30 de junio de 2024 por El Mercurio.

Hace pocos días, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) aseguró que las violaciones a los DD.HH. cometidas durante el estallido social de octubre de 2019 no revistieron el carácter de sistemáticas. La afirmación tenía de qué sorprender, pues el tema fue objeto de duras controversias al interior del INDH. Sin ir más lejos, Sergio Micco fue duramente criticado por decir exactamente lo mismo al fragor de los sucesos. Es más, la propia Consuelo Contreras firmó una carta atacando la gestión de Micco, precisamente porque bajo su dirección, el INDH no había reconocido el carácter sistemático de los atropellos, faltando gravemente a sus deberes.

Para comprender bien el asunto, hay que volver a situarse en el ambiente que rodeó el 18 de octubre. Vivíamos una crisis inédita en nuestra historia reciente, el gobierno parecía paralizado y una ola de violencia asolaba nuestras ciudades. Al mismo tiempo, el malestar social se tomaba la agenda. En ese contexto, una porción significativa de la izquierda vio —o quiso ver— en el 18-O la concreción de todas sus ilusiones. Hoy sabemos que fue un espejismo, pero un espejismo que produjo efectos reales. Al fin, después de décadas de espera, la ciudadanía salía a la calle a protestar y manifestar su indignación con un sistema injusto y opresivo. De allí las consignas que tan fácilmente se expandieron: no son 30 pesos, son 30 años; Chile despertó; Evadir, no pagar, otra forma de luchar. En esos días, hay que recordarlo, el Partido Comunista pidió la renuncia del Presidente de la República. A estas alturas, es un deber decirlo claramente: la democracia chilena tambaleó, y perfectamente podría haber caído porque había muchos empujándola al barranco.

La discusión sobre el carácter sistemático de las violaciones a los DD.HH. debe examinarse a la luz de estos hechos. En efecto, acusar a Sebastián Piñera de encabezar un gobierno que violaba sistemáticamente los derechos fundamentales equivalía a afirmar que estábamos frente a una dictadura y, por tanto, a validar los medios que se utilizan para combatir ese tipo de regímenes. Este es el fondo del asunto, que siempre fue más político que jurídico (por lo mismo, la alusión al supuesto carácter generalizado de las violaciones a los DD.HH. es un mero volador de luces, pues el concepto no tiene la misma carga). Si el gobierno de Sebastián Piñera se comportaba como un gobierno autoritario, pues bien, nadie estaba obligado a respetar su naturaleza democrática. Esto es tan cierto que la primera acusación constitucional presentada para destituir al mandatario incluía como motivo principal el carácter sistemático de las violaciones a los DD.HH. (cabe recordar que dicha acusación fue presentada pocos días después del acuerdo del 15 de noviembre). Para muchos —para demasiados—, el concepto de “sistemático” era la medalla que la historia no les había concedido: luchar en la calle contra una dictadura que torturaba en Baquedano y asesinaba impunemente en Panguipulli. Los rebeldes imaginarios querían luchar contra una dictadura imaginaria para conseguir una épica imaginaria, en el marco de una revolución imaginaria. Esto explica también la violenta reacción contra Sergio Micco, quien tuvo el coraje de no decir aquello que la izquierda quería escuchar, lo que terminó por costarle el cargo.

Desde luego, nada de esto implica negar la comisión de delitos, ni que el gobierno de la época fue incapaz de conducir la situación. Sin embargo, también debe decirse que nadie —nadie— estaba preparado para el estallido social, y que las convicciones democráticas se prueban cuando las instituciones están amenazadas. La defensa de los DD.HH. es fundamental, pero estos no se protegen poniendo en riesgo la democracia. Quizás esto sirva para comprender los nudos críticos del INDH: muchas de sus decisiones parecen orientadas en función de los intereses de un grupo político —la izquierda—, que tiende a identificar su agenda particular con la defensa y promoción de los derechos fundamentales. Es un singular modo de privatizar aquello que debería ser patrimonio común. En lugar de universalizar los derechos básicos, parte de la izquierda realiza enormes esfuerzos por estrecharlos al máximo (por si cabían dudas, su última querella relativa al caso Desbordes fue declarada inadmisible).

Todo lo señalado conduce a una conclusión inequívoca: el fenómeno llamado octubrismo ha padecido un envejecimiento muy veloz. Ni siquiera sus defensores más entusiastas son capaces de seguir sosteniendo las posiciones que defendían hace unos pocos años, y en virtud de las cuales quisieron interrumpir un período presidencial. El giro es positivo en más de un sentido; pues, como ha aseverado el propio Sergio Micco, contribuye a cerrar heridas muy dolorosas. Con todo, me temo que la pregunta más relevante subsiste: ¿Por qué motivos tantos dirigentes bebieron alegremente de esa pócima? ¿Qué pulsiones los habitaban, qué instintos los dominaban, qué volverían a hacer el día de mañana en circunstancias análogas? El enigma de octubre no será resuelto mientras sigamos eludiendo esas preguntas.