Columna publicada el miércoles 4 de enero de 2023 por CNN Chile

¿Cómo se sentiría usted si la persona que intentó asesinar a su hijo o a su pareja, luego de ser condenado por un tribunal y declarado culpable, saliera libre pocos meses o años después sin cumplir su castigo? Probablemente, sentiría impotencia, tristeza, rabia y pensaría (con antecedentes en mano) que las autoridades de este país gobiernan para sus barras bravas o para los delincuentes. Eso mismo, lamentablemente, es lo que debe sentir en estos momentos la familia del funcionario PDI que casi termina siendo asesinado por Jordano Jesús Santander Riquelme, indultado hace unos días por el Presidente Boric.  

El pasado 30 de diciembre, a inicios de comenzar su viaje a Brasil, sabiendo que casi todo el mundo estaba de vacaciones y que la prensa funcionaba a media máquina por las fiestas de fin de año, el Presidente decidió arriesgar la estabilidad momentánea de su administración con tal de satisfacer a los grupos extremistas institucionales y extrainstitucionales. Boric, como en una novela distópica, terminó el 2022 no dando cuentas de sus logros en materia de delincuencia, sino anunciando un indulto a 13 delincuentes condenados, entre ellos un exfrentista. Si bien la justificación política fue la búsqueda de la paz y la reconciliación, el anuncio no hizo más que volver a una polarización que disminuyó en intensidad con el triunfo del Rechazo y el reciente Acuerdo por Chile. 

La decisión fue a lo menos sorpresiva. Además de parecer arbitraria y en un mal timing (¿no que los presos del estallido eran miles? ¿Por qué esos 13 y no otros? ¿Qué tiene que ver el frentista con el estallido social y la paz?), ocurre que el gobierno venía realizando avances para conseguir un gran y necesario acuerdo para la seguridad nacional. Cuando el Ejecutivo comenzaba a mostrar profesionalismo, seriedad y a hacer política, se precipitó al error en cuestión de días. Así, el discurso que se venía trabajando, cuidando y afianzando desde La Moneda durante las últimas semanas, terminó enterrado por el propio jefe de Estado. A veces es como si la misma gente del gobierno buscara su propio fracaso. Ahí se refleja, utilizando los términos del antropólogo Pablo Ortúzar, la determinación deliberada de “romperlo todo”.

Lo incomprensible es que el anuncio de los indultos es un autogolpe infringido en una vértebra fundamental para la movilidad del gobierno. Puede que no termine derribando los logros mencionados más arriba, pero por lo bajo los hará tambalear hasta resquebrajarlos. Con la decisión de perdonar la violencia, el Ejecutivo comunica que lo primero en su lista de prioridades son sus propias agendas políticas y no las tan manoseadas necesidades de las personas que dicen representar. No obstante, quizá lo más perjudicial es el otro efecto implícito que genera: la determinación daña la ya debilitada credibilidad del propio Presidente.  

El 24 de noviembre de 2021, por ejemplo, en plena segunda vuelta presidencial, el candidato Gabriel Boric afirmó en campaña que no se podía “indultar a una persona que quemó una iglesia, una pyme o saqueo un supermercado”. Y hoy, casi un año después, bajo la misma faceta octubrista que le hizo encarar a un militar, Boric Presidente indulta a Felipe Eduardo Santana Torres, sujeto condenado por robo y la quema de la Catedral de Puerto Montt; a Juan Bastián Olguín, que quemó una caseta de peaje; y a Bastián Ignacio Campos Gaete, condenado por saquear un supermercado. Si en 2022 la frase “seremos unos perros contra la delincuencia” resultaba dudosa, comenzando el 2023 y con estos antecedentes se vuelve tragicómica. Así, la palabra del Boric de los discursos magnánimos y poéticos se vuelve cada vez más vacía, vana. Como diría su poeta de cabecera, Enrique Lihn, se convierte en pura “cháchara”.

La situación se vuelve desilusionante porque el Presidente Boric, respaldado por Apruebo Dignidad, ya nos tiene acostumbrados a tropezar con la misma piedra. Cuando pareciera que se está afirmando y que por fin se transforma en el estadista que necesita (y espera) la sociedad chilena, termina cayendo a tierra por culpa de sus propias inseguridades. El extremismo inmaduro y la imprudencia de inmiscuirse en las atribuciones de los otros poderes del Estado, no le permite dirigir con la visión de Estado que esperamos de él y que sabemos que posee en algún lugar ese otrora niño talentoso que se subía a los cipreses de Magallanes. Por lo mismo, es bastante probable que transcurra gran parte de su mandato con las rodillas ensangrentadas, limpiándose el polvo de sus múltiples caídas.

Este tipo de actitudes y errores lo llevan a defraudar reiteradamente no solo a la ciudadanía, sino a él mismo. Y los perdones a estas alturas ya no bastan, pues lo que se está jugando con sus resoluciones es el destino del país. ¿Cómo luchar contra los privilegios si el gobierno “antiprivilegios” otorga beneficios procesales a quienes generaron el ambiente para su llegada al poder? ¿Es acaso una devuelta de mano? ¿Qué dirán los presos que de verdad están injusta y equivocadamente en prisión preventiva o bajo otras medidas cautelales y punitivas? ¿Cómo se podría conjugar un gobierno en contra de la delincuencia si se perdona a antisociales recientemente condenados? ¿Cómo despotricar contra las viejas prácticas si se cae en las mismas y en algunas veces incluso en otras peores? Esperemos que, por el bien del país, el Presidente encuentre pronto una respuesta. Chile la necesita.

Álvaro Vergara N

Investigador del IES