Columna publicada el lunes 12 de diciembre de 2022 por La Segunda.

“Retrocesos históricos”. “Miedo a la democracia”. “Vuelta a los senadores designados”. “Temor a la soberanía popular”. Ese es el tipo de consignas que han querido instalar diversos exponentes de izquierda para disparar sus dardos contra Chile Vamos y Amarillos, ante la posibilidad de que un órgano mixto redacte la propuesta de nueva constitución. Esta cantinela no resiste el menor análisis. 

Por un lado, fueron los propios dirigentes oficialistas quienes abrieron la puerta a las denostadas fórmulas híbridas del momento. “Un órgano mixto no puede descartarse a priori” afirmó en su minuto el diputado socialista Tomás de Rementería. “Finalmente lo que buscamos es tener una nueva Constitución y no hay que cerrarse a alternativas, por ejemplo, que pudiera haber una Convención 80-20”, comentó al respecto la presidenta del PS, Paulina Vodanovic. Incluso el presidente Boric respaldó este escenario al sugerir que lo peor sería “no tener acuerdo”. ¿Cómo calificar de antidemocráticos a los adversarios que básicamente apoyan lo que decían ellos mismos pocas semanas (¡o días!) atrás?

Por otro lado, si algo caracteriza la experiencia internacional de cambios constitucionales en el mundo de posguerra es la heterogeneidad de modelos y estrategias. El órgano ad hoc 100% electo es una opción plausible —y con los equilibrios del caso puede funcionar—, pero no es la única ni la mayoritaria. En rigor, no existe algo así como una sola receta compatible con los principios democráticos. Las democracias consolidadas que han modificado o reemplazado sus constituciones no han seguido una ruta uniforme, y el método que la izquierda plantea (ahora) como un ideal intransable ha resultado mejor o peor según el caso. En Latinoamérica su prontuario no es muy alentador.

Con todo, lo más sorprendente de esta súbita campaña de desprestigio contra las fórmulas mixtas es que cierta izquierda crea estar en condiciones de otorgar un sello de validez democrática. La verdad, sin embargo, es que muchos en el oficialismo validaron la destrucción, el saqueo y el vandalismo del 18 de octubre y la violencia que siguió; que una vez firmado el Acuerdo de noviembre quisieron destituir al presidente democráticamente electo —quizá podríamos confiar en sus súbitas indignaciones si entonces no hubieran sido cómplices pasivos del intento insurreccional del PC—; que apenas ayer respaldaron una propuesta constitucional que debilitaba la separación de poderes, al punto de exponer a Chile al riesgo de una “dictadura legal” (la frase es del expresidente Frei Ruiz-Tagle); y que después del plebiscito han negado toda agencia política al electorado que se volcó masiva y transversalmente al Rechazo, culpando de esta farra a las fake news o al empedrado de turno.

No hay pudor.