Asimismo, resulta preocupante la paulatina ampliación de causales en este país. La admisión legal del concepto de sufrimiento psicológico permitió extender esta práctica a pacientes psiquiátricos, con demencia y ancianos con pluripatología, y también a otras causales consideradas “atípicas” como discapacidad cognitiva, alcoholismo, drogadicción o por solidaridad conyugal (16 parejas según el informe de la RTE). Este tema ha sido motivo de debate. Están aquellos que defienden el argumento de la “pendiente resbaladiza”, y los que consideran que es una exageración.
Muy resumidamente, lo que se discute es si las leyes relativas a la eutanasia o al suicidio médicamente asistido van creando -o no-, las condiciones para una progresiva ampliación de las causales, lo que en la práctica deriva en la aceptación de situaciones que no estaban contempladas inicialmente por el legislador. Sin ánimo de entrar en la discusión, al menos en un plano puramente empírico, las cifras parecen darle la razón a quienes defienden el argumento de la pendiente resbaladiza. Por tanto, debiésemos tener presente dónde pueden terminar este tipo de proyectos (aquí nos remitimos también al caso de Canadá).
La respuesta adecuada o compasiva para tratar a las personas que se encuentran en etapa de fin de vida o que solicitan la eutanasia, no parece ser poner fin al dolor poniendo fin a su vida. Una alternativa que ha sido capaz de dotar de humanidad a la propia muerte, y que ha ido cobrando cada vez más fuerza en la sociedad, es el desarrollo de los cuidados paliativos.
Su enfoque es mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias que enfrentan problemas asociados con enfermedades potencialmente mortales. Entre sus objetivos, se hace hincapié en la importancia del manejo integral de síntomas, al acompañamiento de las familias y a la aceptación de la muerte como una realidad natural. Los cuidados paliativos no buscan adelantar ni retrasar la muerte.
En Chile la Ley 21.375, que consagra los cuidados paliativos y los derechos de las personas que padecen enfermedades terminales o graves, hace extensiva la provisión de cuidados paliativos a aquellos pacientes con patologías crónicas avanzadas no oncológicas. La implementación de un sistema de cuidados paliativos universal, con un adecuado financiamiento para contar con medicamentos para el control de síntomas, formación de estudiantes del área de la salud, entrega de información, promoción de la investigación, integración de los cuidados paliativos en las políticas sanitarias, otorgarle facilidades a familiares y cuidadores, sí es un tema prioritario. De lo contrario, si no hay una posibilidad real de acceder a cuidados paliativos ¿hay libertad frente a una ley de eutanasia?
Una sociedad como la nuestra, que se abre a la eutanasia, podría perder todo incentivo para progresar en cuidados paliativos. Esto es cosa de realismo elemental, y hay que tenerlo presente cuando se fijan las urgencias.
Llama la atención por tanto que, habiendo tantas otras necesidades sociales -en materia de seguridad pública, salud, pensiones-, legislar sobre la eutanasia resulte prioritario para este gobierno. Lo que está claro, es que replicar la “solución” de la pobreza evaluada por Canadá resulta a todas luces inconcebible.