Columna publicada el lunes 16 de mayo de 2022 por La Segunda.

“¿Aprueba usted el texto de nueva constitución propuesto por la Convención Constitucional?”. Esta es la pregunta que los chilenos deberemos responder el domingo 4 de septiembre. Como puede verse, la interrogante no es genérica ni abstracta. Es —tal como subrayó Carlos Peña hace pocas semanas— una consulta específica, sobre un texto cuya base ya está disponible: el borrador de 499 artículos que la Convención le ofrece al país. Naturalmente, todo esto tiene sus implicancias. 

La primera y más obvia es que acá no está en discusión la necesidad o conveniencia de un cambio constitucional para Chile. Si antes de la crisis de octubre ya existía un elenco transversal de voces que coincidía en la pertinencia de aquel cambio —desde las izquierdas hasta una parte de la centroderecha—, después del plebiscito de 2020 ya no quedan dudas al respecto. De hecho, así lo entiende hoy todo el espectro político, incluyendo a los presidentes de la UDI y RN. Si el “rechazo” ha crecido durante los últimos meses, es básicamente por una decepción producida por las actitudes y decisiones de los propios convencionales: porque a muchos no satisface su propuesta.

En relación con eso, una segunda implicancia del contenido concreto del plebiscito es que vuelve muy improbable la curiosa estrategia esbozada por ciertos dirigentes de izquierda, según la cual habría que promover algo así como una desaparición de los constituyentes una vez finalizada la Convención. Además de que resulta inviable —ellos son los actores políticos del minuto y tanto la ciudadanía como los medios querrán conocer su mirada—, el texto que se someterá al veredicto popular es inseparable de sus autores. Desde la temprana opción por el Estado plurinacional hasta la reciente posibilidad de remover a los consejeros del Banco Central, la fisonomía del borrador emana directamente de las prioridades y narrativas de los convencionales. Guste o no, ellos —y no las figuras del pasado— son los protagonistas del momento.

Y, por todo lo anterior, una tercera implicancia de la fórmula que plebiscitará en septiembre es que ella exige explorar desde ya una salida alternativa en caso de que se imponga el “rechazo”: ahí hay un vacío y lo mejor es enfrentarlo. Esto es importante no sólo por el estado del “apruebo” según las últimas encuestas (38% vs. 46% según Cadem y 27% vs. 45% según Pulso Ciudadano de ayer), sino también por lo que está en juego. Esos números podrían variar antes del plebiscito, pero es un dato de la causa que la Convención no logró prolongar la transversalidad del Acuerdo de noviembre ni el Apruebo de entrada. Será responsabilidad del sistema político retomar ese espíritu, especialmente si llega a requerirse un nuevo camino.