Columna publicada el lunes 2 de mayo de 2022 por La Segunda.

“El principal desafío de hoy día es la fractura que tenemos en Chile […] la falta de legitimidad, de mediación, de los poderes institucionales tradicionales”. Esta afirmación del Presidente Boric en su entrevista de La Tercera sintetiza los claroscuros de la nueva izquierda gobernante. En principio es positivo que La Moneda cuente con un diagnóstico que oriente su agenda. La aproximación de Boric, además, parece coincidir con una idea muy reiterada luego de la crisis de octubre: el quiebre entre política y sociedad. Pero las apariencias engañan.

En efecto, cualquier formulación medianamente seria de aquel diagnóstico constata que el problema es estructural: ningún actor político está a salvo. Boric habla como desde afuera, pero la dificultad no se limita a la derecha o los “cuatro generales”. Después de todo, ni él ni el Frente Amplio han sido meros espectadores de este cuadro. Ellos –aquí está su punto ciego— también han sido responsables y protagonistas de este deterioro.

En ese sentido, es muy revelador el modo en que Boric justifica la avalancha de acusaciones constitucionales presentadas durante el gobierno anterior: “si es que la oposición actual estima que nosotros hemos vulnerado los derechos humanos de la ciudadanía, por supuesto que tienen todo el derecho de acusarnos constitucionalmente”, nos dice el exdiputado. Que la máxima autoridad del país aún avale la creencia de una política de abusos digitada desde La Moneda es tan imprudente como sintomático. Y si además recordamos que la izquierda intentó acusar a jueces, fiscales e incluso a un ministro de Educación que promovió el retorno a las clases presenciales, el asunto no admite mayor análisis.

Otro tanto ocurre con las erráticas señales del Presidente en materia constitucional. Nos dice que “es muy pronto para pronunciarse respecto a un texto definitivo que todavía no está”. Sin embargo, acto seguido se pronuncia —la inconsistencia también es parte de la fractura—, y afirma que “cualquier resultado” será más legítimo dado el “plebiscito fraudulento” de 1980 (quizá los 30 años sólo valían para la segunda vuelta); que el plebiscito de salida “ojalá sea un lugar de encuentro” (¿cómo no comprender que la Convención apostó a todo lo contrario?); y en fin, “que es algo completamente razonable” lo que ya está aprobado en el borrador.

Pero ese borrador —el Estado plurinacional con autonomías territoriales indígenas, los sistemas de justicia paralelos y expuestos a la captura política, el declive de los partidos y contrapesos institucionales, la resistencia a consagrar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, y así— sólo profundizaría la fractura de la que habla el Presidente Boric. ¿Cómo no verlo venir?