Carta publicada el viernes 6 de mayo de 2022 por El Mercurio.

Señor Director:

La creación de un Consejo de la Justicia con minoría de jueces es una de las propuestas más polémicas de la Convención Constitucional. Según ha explicado en forma reiterada un elenco muy transversal de voces, esta entidad supone un severo riesgo de captura de nuestros tribunales. No obstante, la Convención ha ignorado estas advertencias, al punto de que esta semana decidió doblar la apuesta. En efecto, el pleno aprobó que ese mismo Consejo sea el responsable de “la gestión administrativa y la superintendencia directiva y correccional del Tribunal Calificador de Elecciones y de los tribunales electorales”.

Hemos, entonces, de estar avisados: al peligro de politizar la justicia se suma ahora el riesgo latente de afectación o franca manipulación de los procesos electorales. No hay motivo para modificar la regulación del Tricel (¿por qué cambiarlo todo?), menos en el mundo actual, cuando los autoritarismos del siglo XXI suelen emerger de forma disimulada. En apariencia ellos respetan los mecanismos democráticos, las cortes y los organismos electorales, pero luego los instrumentalizan para obtener el poder total o casi total. Así ha ocurrido en países tan distintos como India, Rusia o Turquía, entre varios otros.

¿Por qué la Convención decide entonces cerrar los ojos a esta clase de fenómenos? ¿Por qué hacerlos más probables? ¿Ignorancia, condescendencia, frivolidad?