Columna escrita por Rodrigo Pérez de Arce y Álvaro Vergara publicada el jueves 14 de abril de 2022 por Ciper.
Distintos motivos dejaron a la derecha en una situación de minoría en la Convención: errores propios (como una discreta selección de candidatos y mal despliegue territorial); las dificultades del gobierno anterior; y también las características del sistema electoral (como los escaños reservados o la ley que otorgó beneficios electorales inusitados a independientes). Todo esto provocó que no alcanzara ni siquiera un tercio de los representantes. Ese tercio, entre otras cosas, le hubiese dado la posibilidad de ser un actor relevante, con poder de negociación para frenar o promover ciertas normas. De hecho, ni siquiera logró los escaños necesarios para recurrir por sí sola a la Corte Suprema en caso de infracciones al proceso o al reglamento.
Desde esa posición de minoría, la actual oposición ingresó al órgano constituyente. Pero si cualquier proceso democrático digno de ese nombre supone una mínima consideración con la oposición, un proceso constituyente llamado a generar un pacto constitucional duradero y legitimado implica incorporar con especial interés a quienes no alcanzaron las mayorías. Esto puede sonar extraño, pero es imprescindible: el problema constitucional no se resuelve en una elección ni en una coyuntura, sino que exige una mirada de largo plazo para que luego lo acordado pueda mantenerse en el tiempo con el beneplácito de las fuerzas políticas. Y eso exige considerar a todos los actores involucrados.
El profesor Claudio Fuentes en su columna “Cuando la derecha cruza el cerco” utiliza las votaciones del pleno (es decir, la instancia final del proceso de creación de normas), para intentar demostrar que la incidencia de este sector político ha sido mayor de la que se piensa, cuestionando así una hipótesis difundida por ciertos actores que habla de un supuesto veto a la derecha. A partir de una sistematización de los votos del plenario, el investigador establece lo siguiente: “en el 81% de los incisos analizados al menos un convencional de derecha concurrió con su voto, mientras que en el 57% lo hicieron más de 6 convencionales de ese sector, y en el 35% de los incisos fue votado por más de la mitad del sector”.
El análisis cuantitativo realizado en la columna es, a primera vista, interesante. Pero, al mismo tiempo, resulta insuficiente para mostrar cuánto o de qué manera ha influido verdaderamente la derecha en el borrador del proyecto de nueva constitución. La realidad presentada en el texto de Fuentes no logra dar cuenta del desarrollo del proceso, donde la derecha ha tenido un rol marginal y muchas veces vilipendiado. Lo esencial acá parece ser invisible a los indicadores.
Esto se debe a que el profesor Fuentes parece restringir la tarea del órgano constituyente a votar normas en el pleno y redactar una propuesta de Constitución para ser plebiscitada. Por cierto que lo último es fundamental. El problema aparece cuando observamos el panorama completo, considerando las tendencias de votación dentro de las demás instancias en que se organiza el trabajo. En las comisiones, por ejemplo, solo se necesita mayoría simple para que la norma sea aprobada. Esa circunstancia explica, al menos en parte, que varios informes no hayan logrado concitar el apoyo requerido, e incluso hayan sido rechazados casi en su totalidad por el pleno.
Comparar el voto favorable hacia una norma es diferente a que el votante esté incluido e influya verdaderamente en el producto final (y que su punto de vista sea considerado). En este punto, el argumento del profesor Fuentes termina cerca de quienes piensan que el único modo de incidencia es el voto; noción bastante empobrecida frente a la magnitud del desafío deliberativo que la Convención tiene por delante. Además, es curioso que siempre se nos haya dicho que lo importante era el proceso y, ahora, de un momento a otro, pareciera que sólo vale el resultado. En una instancia deliberativa como la Convención, la clave se juega en el modo en que esa discusión se lleva a cabo y no solo en las conclusiones y acuerdos que salen de ella. De eso, nada dice Fuentes.
Por lo demás, hay artículos que son imprescindibles en cualquier Constitución, es por eso que hasta los convencionales más críticos han aprobado algunas normas (Cantuarias 13%, Hube 14%, Marinovic 15%). Pero eso dice poco y nada. Para probar el punto que Fuentes busca acreditar, lo primero sería calcular la estimación de todas las propuestas de norma presentadas en las respectivas comisiones por parte de la derecha y que han logrado llegar al pleno primero, y ser aprobadas en el borrador final de la Constitución después. ¿Cuántos artículos aprobados en comisiones y, posteriormente, en el pleno han sido propuestos por sus convencionales? ¿Cuántos se han rechazado? Mucho nos tememos que el porcentaje bajaría drásticamente y el panorama presentado en la columna sería bastante menos inclusivo (y quizás más aún si vemos todo lo que permanece en la penumbra: conversaciones de pasillo, acuerdos previos antes de sesiones de la comisión, exclusiones en el encuentro cotidiano, etc.).
Ahora, hay cosas relevantes que rescatar del texto. Reconocer la existencia de un problema siempre es importante para su solución y Fuentes admite que existe un “cerco” en la Convención. Eso, naturalmente, quiere decir que alguien lo puso ahí. Cualquier observador del trabajo diario de la Convención sospecharía de aseveraciones como aquellas de la presidenta de la Convención, María Elisa Quinteros, que apuntaban que no habría ningún tipo de veto hacia la derecha. Y las sospechas se confirman al escuchar a Andrés Cruz, convencional perteneciente al Colectivo Socialista, que afirmó: “No hay diálogo, la derecha ha sido vetada”.
Lo complicado es que en una instancia de deliberación como la constitucional no debiesen haber paredes divisorias, sino un debate que al menos intente incluir seriamente a todos los sectores. Los procesos democráticos descansan sobre la premisa de que el diálogo con quien tiene posiciones diversas enriquece el espacio político compartido. Además, incorporar de modo honesto a la mayor cantidad de voces facilita la construcción de legitimidad duradera para el nuevo texto, una Constitución que, por fin, muchos podamos sentir como propia. De hecho, en cualquier configuración de la Convención, lo más razonable habría sido siempre construir los dos tercios desde el centro, nunca desde un extremo.
Por otro lado, incluir a un actor verdaderamente va más allá de pretender hacerlo partícipe de los procesos formales. Tómese por ejemplo el acuerdo por el sistema político que se comunicó como “transversal” pero que en realidad fue un acuerdo de las izquierdas —del que, dicho sea de paso, no tenemos actas para conocer las motivaciones y los argumentos de los convencionales—, y que, hasta el momento en que se escriben estas líneas, tambalea por su precariedad.
Esta exclusión de la derecha se ha empezado a convertir en un problema cada vez más notorio. Algo no anda bien, lo que se confirma en varias encuestas que han comenzado a mostrar un aumento en la opción de rechazar el texto que salga de la Convención. Poco a poco algunos convencionales van recibiendo un mensaje que debieron haber tenido en cuenta desde el inicio: esto no se trataba de un ejercicio de revancha, sino de relegitimación. Y para eso, necesitábamos al menos posibilitar la incidencia de todos los actores. Celebrar la integración de la derecha con la aprobación de algunos artículos básicos y de carácter simbólico es, en ese sentido, bastante insuficiente.
Lo más grave de todo es que esta actitud refleja un problema mucho más profundo y arraigado en la sociedad chilena, que se podría resumir en una creciente moralización de las opciones políticas. En vez de considerar que estar a la derecha o izquierda del espectro político es igualmente válido, se terminan confundiendo esas categorías con las de bueno y malo. Sobra decir que esta actitud de suma cero contribuye poco a la salida institucional que decidimos darnos. Esto se ve agravado por aquello que bien ha descrito Max Colodro: pareciera que la izquierda considera que la derecha no tiene legitimidad para participar tanto del gobierno como de la Convención. En suma, quien manifiesta posiciones políticas contrarias, aunque puedan ser erróneas, se transforma de modo inmediato en culpable, y en razón de ello merece ser condenado y excluido de la discusión pública.
Por último, los investigadores deben contribuir al debate con la mayor meticulosidad posible. Ello implica recordar que hasta los mejores análisis estadísticos están fuertemente influidos por las premisas y la metodología empleada. La selección de los datos y la información a mostrar también se enmarcan en un debate normativo más amplio que está lejos de la neutralidad. En último término, la columna del profesor Fuentes nos deja en el mismo lugar de antes. Para probar su punto, el análisis que se requiere es mucho más amplio y complejo. Falta nada más y nada menos que el elemento central: la política.
