Columna publicada el lunes 28 de marzo de 2022 por La Segunda.

El proceso constituyente estaba llamado a diseñar una institucionalidad que favoreciera una nueva relación con nuestro medio natural. Pero, a diferencia de lo que afirmaron Pilar Moraga y Ezio Costa en estas mismas páginas pocos días atrás, esa esperanza se ha ido diluyendo, en gran medida por la irresponsabilidad de algunos convencionales y sus asesores.

Desde luego, la tarea de la Convención no era resolver ni regular todos los problemas ambientales. Se requerían, básicamente, disposiciones sobrias y realistas, que ayudaran a enfrentar con eficacia dichos problemas. Sin embargo, nada de esto se ha logrado. La comisión respectiva, sobre todo en su primer informe, operó bajo la ilusa creencia de que basta la letra de la ley para transformar la realidad material y tecnológica del país (lo que, a buena hora, se matizó en el segundo informe). Bajo artículos voluntaristas, omniabarcantes y de técnica muy deficiente, los llamados “econstituyentes” han planteado una serie de propuestas que -más allá de sus buenas intenciones- van en perjuicio de las grandes mayorías y de los propios ecosistemas.

En efecto, al crear un nuevo sujeto de derecho difuso (la naturaleza), una posible “defensoría de la naturaleza” más activista que profesional, y abriendo la puerta para un ejercicio destemplado de acciones judiciales, los incentivos para invertir se verían muy disminuidos. Esto inevitablemente afectaría el empleo de los mismos chilenos que se dicen defender e incluso puede sentar las bases para una reacción antiambientalista, como ya ha sucedido en algunos países de Europa.

Además, sorprende la ingenuidad (¿o mala fe?) de quienes buscan impedir los arbitrajes internacionales en materias comerciales. Guste o no, ya existen múltiples tratados firmados con antelación que contemplan dichas instancias y, por tanto, el Estado seguirá sujeto a ellas. Por de pronto, las demandas y las sanciones económicas por la posible revocación de las concesiones mineras no se harían esperar.

Ni siquiera el problema del agua, uno de los más urgentes, avanza en buena dirección. Con los artículos aprobados por la comisión se echaría por la borda una ley reciente que fue tramitada durante 11 años y que, entre otras cosas, viene a desprivatizar este recurso. Por otro lado, pensando en la sequía, ¿quién querría invertir en una planta desalinizadora con disposiciones que satanizan la inversión privada?

En suma, a partir de una mezcla entre activismo destemplado y excesiva ambición regulatoria, pareciera aspirarse a un texto de venganza. Sus efectos probables son erosionar gravemente la industria e incentivar una operación deficiente. Nada más lejano a promover o facilitar una explotación sustentable y responsable de los recursos naturales.