Carta publicada el martes 12 de octubre de 2021 por El Mercurio.

La última semana resume a la perfección la decadencia de nuestro sistema político, en sus distintas dimensiones. El día viernes la convencional Giovanna Grandón asiste a una marcha no autorizada, de esas que cada semana afectan a los vecinos de Santiago (y que anteayer cobraron una nueva vida humana). Luego la presidenta de la Convención, Elisa Loncon, objeta la injustificable agresión que sufrió Grandón porque ella ha “votado siempre a favor del pueblo”, y no por tratarse de un ataque repudiable e injusto bajo cualquier circunstancia.

Por su parte, varios senadores dicen estar “en reflexión” frente al cuarto retiro de los fondos previsionales, pese a que Chile experimenta las peores presiones inflacionarias de las últimas décadas. Y los diputados de oposición, para no ser menos, anuncian con orgullo una acusación constitucional extemporánea contra el Presidente de la República (los hechos que fundan este juicio político ocurrieron en su primer mandato), como si fuera trivial intentar destituir a la máxima autoridad del país. Pero La Moneda y el oficialismo, en vez de reivindicar el principio democrático y los caminos institucionales, reaccionan cuestionando desmesuradamente al Ministerio Público. ¿Quién sino la Fiscalía debería investigar las gravísimas denuncias formuladas contra Sebastián Piñera?

Nadie, en suma, parece interesado en comportarse con un mínimo de sobriedad y responsabilidad. ¿Será mucho pedirles a los miembros del Ejecutivo, del Congreso y de la Convención que recuerden lo que sucede cuando —cuál más, cuál menos— todos los actores juegan a destruir la institucionalidad?