La crisis social chilena es, en lo fundamental, una crisis de legitimidad. La pérdida de confianza en las instituciones y en la Constitución vigente se traduce en que el orden político actual pareciera ser incapaz de despertar adhesión. Por lo mismo, el desafío de la Convención Constitucional es crear un nuevo texto plenamente legítimo en el cual las personas y el sistema político se sientan identificados en la mayor medida posible y que propicie, a su vez, un respeto transversal por las reglas e instituciones.
En términos esquemáticos, la Convención tiene dos fuentes de legitimidad: el principio democrático y el principio jurídico. El principio democrático es la incorporación de la ciudadanía en las diversas etapas que comprende el proceso de redactar una nueva Constitución. El principio jurídico, por su parte, se relaciona con los límites y formalidades establecidas para instaurar la propia Convención y canalizar su tarea de modo institucional. El respeto por ambos principios será fundamental para transitar por el frágil momento político y social que vive Chile, y para construir un texto que se proyecte en el tiempo, capaz de generar amplias lealtades a lo largo del espectro político.
Lanzamiento
Este nuevo documento fue presentado en un coloquio el viernes 10 de septiembre. Comentaron el informe Valentina Rosas, máster en Políticas Públicas de la Universidad de Oxford y subdirectora del proyecto “Tenemos que hablar de Chile”; Patricio Fernández, periodista y Convencional Constituyente por la Lista del Apruebo y Rodrigo Pérez de Arce, abogado, magíster en Sociología y subdirector de desarrollo del IES.
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