Columna publicada el miércoles 30 de junio de 2021 por el Diario Financiero.

Desde transnacionales del retail hasta emprendimientos locales, pasando por locales de comida, farmacias, etc. En los últimos días las empresas chilenas —las mismas que valoran cada vez más el complemento entre hombre y mujer en sus directorios y otras instancias— parecían competir por expresar su apoyo al “orgullo”, al “arcoíris” y al proyecto de matrimonio entre parejas del mismo sexo firmado por Michelle Bachelet y rehabilitado por Sebastián Piñera. Se trata, naturalmente, de un tema tan actual como sensible. Hoy cualquier atisbo de duda o escepticismo es sospechoso de homofobia, hostilidad o calificativos similares en las redes sociales. Quizá haya sido esa aparente uniformidad lo que impidió que, según el caso, los directorios o los ejecutivos se formularan ciertas preguntas elementales antes de sumarse a la campaña del momento.

La primera interrogante remite al ideario de estas empresas y la libertad de conciencia y expresión de sus miembros. Me explico. Hay instituciones de diversa índole que están, legítimamente, estructuradas a partir de un puñado de principios religiosos o culturales que orientan su actuar. Dichos principios son conocidos por quienes se incorporan a ellas y, por tanto, al integrarse aceptan promover o al menos respetar ese ideario institucional. Por ejemplo, sería absurdo que el profesor de un colegio de colonia renegara abiertamente de la cultura de ese país. El problema, sin embargo, es que las empresas no suelen abrazar esa clase de principios en sus estatutos.

Guste o no, el propósito compartido de sus directores, gerentes y trabajadores abarca ni más ni menos que el respectivo giro institucional. Y esto —casi sobra decirlo— no implica aceptar o rechazar tal o cual visión de la familia o del matrimonio. ¿Cómo justificar, entonces, el plegarse en forma intempestiva a una campaña que en esas materias adopta una determinada posición y excluye otras? ¿Qué ocurre con sus integrantes que, por el motivo que sea, miran con recelo la bandera del arcoíris? Si es un empleado sin poder de decisión discrepa, ¿se sentirá con la libertad como para plantear su disenso?

Con todo, alguien podría replicar que urge girar hacia el lado correcto de la historia; que así, de hecho, las empresas tal vez recuperen parte del prestigio perdido, movilizaciones y escándalos de corrupción mediante. Pero además del rechazo a la libertad que supone tal planteamiento —las cosas siempre pueden ser de un modo u otro—, estas discusiones no están zanjadas de antemano ni para siempre. En rigor, el panorama dista de ser homogéneo, sobre todo si nos alejamos de los sectores más aventajados. Mientras la encuesta CEP del año 2017 indica un 41% en contra del matrimonio homosexual versus un 39% a favor, el reciente y difundido estudio del COES sobre las élites muestra que un 65% de ellas valida esa modificación del matrimonio, apoyo que baja al 54% en la ciudadanía en general.

Esos y otros estudios también exhiben las permanentes prioridades e inquietudes del Chile profundo: educación, salud, pensiones y seguridad. Si las empresas desean conectar más con la ciudadanía, es ahí donde deben apuntar: a la incertidumbre que caracteriza la vida de una porción muy significativa de los chilenos. Aunque se trata de agendas menos mediáticas y que son eclipsadas por las modas de turno, las empresas no están llamadas a inclinar la balanza del debate político, pero sí a mejorar las condiciones de sus trabajadores.