Columna publicada el viernes 16 de octubre de 2020 por La Tercera.

El acuerdo del 15 de noviembre del año pasado fue motivado, en parte, por una gran ola de violencia. La clase política, desorientada, pensó encontrar en la Constitución una carta de triunfo para superar los indescifrables actos de vandalismo y uso de fuerza que una parte de la población realizó sin pudor. Después del acuerdo la violencia se atenuó, incluso cesó los días inmediatamente siguientes a él. Y aunque se mantuvo durante los últimos meses del año y hoy, en el primer aniversario del 18 de octubre, vuelve a aparecer, no es con la misma intensidad que vimos durante los primeros días de la crisis. El acuerdo, entonces, funcionó solo parcialmente.

Lo anterior lleva a pensar en la idoneidad de los instrumentos de los que disponemos para los fines que perseguimos. Ella dependerá del objetivo que se busque y de las características de las herramientas que tengamos. Usar una cuchara para rebanar un pedazo de pan ciertamente no nos llevará a ningún lado: una cuchara no tiene filo, y cortar pan exige un instrumento filoso. Esto, sin embargo, no siempre es evidente. Cegada por el fin que se persigue, nuestra clase política no suele considerar la pregunta por los medios como una reflexión en sí misma. El problema es que ésta importa tanto como la primera.

Así, ni las acusaciones constitucionales sirven para boicotear gobiernos de la vereda opuesta, ni los ahorros de las personas sirven para derrumbar modelos, ni las constituciones están llamadas a apaciguar violentistas.

Cuando la pregunta en torno a los medios está ausente en la acción política se corren, al menos, dos riesgos. Por un lado, el objetivo que se busca puede simplemente no alcanzarse. Así como una cuchara nunca podrá cortar pan, en la vida política hay instrumentos que son absolutamente impotentes para algunos fines. Esto trae asociado un costo desde el punto de vista de las expectativas, pues, se asegura que se están haciendo todos los esfuerzos para lograr aquello que se pide, pero el resultado nunca llega. Sumado a eso, el objetivo inicial puede fácilmente perderse de vista: ya no importa aquello que en un comienzo queríamos, sino defender a ultranza el camino elegido para ello. Por otro lado, el medio mismo se vuelve superfluo. Se lo sustrae de su campo de acción específico y se le exigen cuestiones para las que simplemente no sirve. Pierde, entonces, relevancia. Cuando debe operar efectivamente, se ha abusado tanto de él que ya nadie lo considera capaz de lograr algo significativo, apenas se lo tiene por útil. Está lo suficientemente manoseado.

Si el cambio constitucional tiene algún fin, ese no es detener la violencia. ¿Cuál es, entonces? A pocos días del plebiscito del 25 de octubre, pensar en el instrumento “Constitución”, aunque parezca de perogrullo, es necesario en un debate cada vez más polarizado y en donde no parece haber matices posibles. Detenerse un segundo a analizar qué es la Constitución, cuál es su propósito y cómo es una buena Carta Fundamental es importante porque permite situar la discusión en su justo contexto. Y, además, notar sus posibilidades y límites. ¿Pueden las constituciones crear y articular sociedades? ¿Son capaces de sustituir la baja calidad moral de las élites gobernantes? ¿Permiten, por sí solas, formar comunidades con vínculos sólidos? En definitiva, ¿qué parte del llamado pacto social pasa por la Constitución?

Las constituciones siempre han sido usadas para distribuir y limitar el poder. Por lo mismo, la dimensión constitucional de nuestra crisis es solo aquella relacionada con los problemas en la organización y uso del poder político. Desde luego, no se trata de un asunto irrelevante, pero no es ni de cerca todo el problema. Conviene tener en mente, además, que las constituciones no son capaces de fundar sociedades y tampoco están llamadas a hacerlo. Dicho de otro modo, una nueva Constitución no será un nuevo Chile. El trato entre los ciudadanos y si es que acaso hace eco de la dignidad de todas las personas (en todos los espacios: laboral, vecinal, en los servicios públicos) o el interés de los dirigentes por el bien común son cuestiones que no dependen de un texto constitucional. Pareciera ser, entonces, que muchos de nuestros problemas exceden la Carta Fundamental y dependen de otros factores que habitualmente ni siquiera saltan a la vista. Preguntas y consideraciones de este tipo permiten poner en perspectiva y ponderar el plebiscito de la próxima semana y, aún más, el sentido del proceso constituyente en su conjunto.