Columna publicada el lunes 20 de julio de 2020 por La Segunda.

El debate sobre el «retiro del 10%» de los fondos previsionales (en rigor, del 44% según las estimaciones de Hacienda) resume a la perfección las tendencias que dominan nuestra escena política. Por un lado, la izquierda renuncia sin pudor a sus principios básicos —a ser de izquierda— con tal de darle un golpe al «modelo». No le importa invocar un concepto de propiedad digno del neoliberal más entusiasta; tampoco perjudicar las (muy bajas) pensiones de todos, en especial las de aquellos más vulnerables. Si hay que argumentar como Iván Moreira, qué va: el fin justifica los medios y cualquier inconsistencia es secundaria.

Por su parte, la derecha se ha dividido entre una minoría díscola y una mayoría que se limita a repetir una sola consigna: populismo. Con esto recrea, sin notarlo, la misma e ineficaz dinámica del establishment a lo largo y ancho del orbe. Es un error asumir que basta usar esa categoría como insulto para desacreditar las iniciativas consideradas injustas o inconvenientes. Y es peor omitir sistemáticamente la pregunta central: por qué propuestas como el “retiro del 10%” logran persuadir a la ciudadanía.

¿Cómo llegamos aquí? ¿Por qué nuestra clase política es incapaz de estar a la altura de las circunstancias? ¿Qué subyace a la falta de reformismo oportuno de la derecha y a la rendición incondicional de la centroizquierda ante el Frente Amplio? Naturalmente, en este cuadro inciden diversos factores, pero en el plano de las ideas reside una parte de la explicación.

En efecto, mientras algunos confían en la mera mecánica de los procedimientos, las estructuras y la técnica para garantizar la felicidad del pueblo —perspectiva muy visible en cierta tecnocracia, sobre todo de derecha—, otros han ido abrazando la religión del progreso como dogma. Por esto la misma izquierda que dice luchar contra el individualismo apoya, en los hechos, toda clase de reivindicaciones particulares, sin cuestionarse por los bienes comunes involucrados. Ya sea que hablemos de familia, educación o cultura —o los fondos de pensiones, diríamos ahora— la apuesta es idéntica: disparar derechos (deseos) individuales a mansalva. Cómo se articulan con los anhelos y necesidades ajenas es harina de otro costal: para qué pensar en los fenómenos colectivos, eso sería pedir demasiado.

En el libro «El imperio del mal menor» (IES, 2019), Jean-Claude Michéa examina críticamente este panorama intelectual. Según el filósofo francés, se trata del despliegue de la lógica liberal —de la «unidad del liberalismo»— hasta sus últimas consecuencias, en desmedro de la «decencia común» que supone toda sociedad sustentable. Si Michéa tiene razón nuestra crisis, más allá de sus rasgos singulares, se enmarca en un desafío civilizatorio mayor.