Carta publicada el jueves 9 de abril por La Tercera

De manera más o menos soterrada, algunas voces ya sugieren una nueva prórroga e incluso una suspensión definitiva del proceso constitucional por la emergencia provocada por el Covid-19. Es evidente que la crisis sanitaria obliga a replantearnos la manera en que se realizará, y ciertamente asoman objeciones relevantes, como el complejo escenario económico o la incertidumbre respecto de cuándo se podrá retomar la vida en común. Sin embargo, también asoma cierto oportunismo, sobre todo al hablar tan pronto de una eventual suspensión. Además de que esto resulta precipitado –acabamos de posponer el plebiscito–, escudarse en las actuales circunstancias para esquivar las preguntas y debates que explotaron en octubre del año pasado sería una aproximación inconducente.

El estallido, entre otras cosas, reveló problemas profundos de nuestra comunidad política; fracturas que, más temprano que tarde, requerirán una respuesta. El coronavirus no las deja obsoletas de ningún modo. De ahí que se deba pensar en cómo recomponer el vínculo social, especialmente considerando que hay dimensiones de la institucionalidad, partiendo por su credibilidad, que no venían funcionando como es debido. Por lo pronto, la situación exige que oposición y gobierno empiecen a pensar creativamente sobre cómo tener un proceso constituyente que -también en sus costos- se ajuste a los tiempos que corren.

En cualquier caso, no es descabellado pensar -recesión económica mediante- que terminada la cuarentena podamos volver a escenarios de malestar intenso. No se puede olvidar que el mejor antídoto contra la revolución es un sano reformismo. Volver a quedarse en los laureles sería sencillamente inaceptable.