Carta publicada el miércoles 15 de abril por La Segunda

Señor Director:

En las últimas semanas, distintas voces han señalado la imperativa necesidad de modernizar
el Estado. Compartimos con ellas la urgencia de esa tarea, aún más prioritaria luego que el
estallido social y el coronavirus evidenciaran con fuerza las carencias y los desafíos más
acuciantes de nuestros organismos estatales.

Ahora bien, un proceso robusto de modernización requiere acuerdos transversales de la
clase política, que permitan pensar el país más allá de las próximas elecciones. Sin
embargo, en los últimos meses, el oficialismo y la oposición han sostenido la actitud
contraria y, a pesar de las crisis que experimentamos, la regla general continúa siendo un
bloqueo constante del sistema político.

Debido, en parte, a esta dificultad para lograr consensos –que no es nueva, pero que con el
tiempo se ha ido intensificando–, las propuestas de modernización suelen centrarse en
aspectos técnicos, evadiendo la dimensión política que subyace a ellos. Así, tienden a
evitarse asuntos como el tamaño del Estado y el rol que debe cumplir en la vida de los
ciudadanos, pues al incluirlos se corre el riesgo de que los desacuerdos entre partidos
paralicen el proceso.

Esta forma de enfrentar los obstáculos a la modernización es razonable, pero no alcanza a
resolver todas nuestras tensiones. Para construir una visión de largo plazo respecto del
funcionamiento del Estado, o para modificar estructuralmente algunos organismos
estatales, necesitaremos, tarde o temprano, de una sana deliberación política. En otras
palabras, sin consensos amplios entre los partidos y las coaliciones no podremos
modernizar el Estado a la magnitud requerida. Llegó el momento de que nuestra clase
política esté a la altura y ponga todo el empeño en acabar con un círculo vicioso que solo
aumenta la distancia entre ella y la ciudadanía.