Columna publicada el 07.01.19 en La Segunda.

Apenas se firmó el acuerdo constitucional, casi todo el espectro político –salvo Jacqueline Van Rysselberghe y José Antonio Kast– anunció su «apruebo» de cara al plebiscito de abril. Nada muy sorpresivo. Más allá de sus virtudes, la constitución vigente simboliza y articula las líneas matrices del régimen posdictadura, el mismo que ha sido cuestionado antes y sobre todo después del estallido. Además, el texto del acuerdo logró un difícil equilibrio de ruptura y continuidad: si había “hoja en blanco”, tenía un sentido acotado y limitado. Todo esto vaticinaba una convocatoria transversal en favor de la nueva carta constitucional.

Con el paso de las semanas, sin embargo, varias voces ajenas al Chicago-gremialismo más ortodoxo han expresado no sólo sus dudas, sino su “rechazo” en el plebiscito. Esto incluye columnistas (Joaquín García-Huidobro y Patricio Navia), diputados jóvenes (Javier Macaya y Diego Schalper) y hasta humoristas (Felipe Izquierdo). Aún no sabemos cómo repercutirá este cuadro en el resultado final, pero, ¿cómo explicar este incipiente cambio de escenario en la opinión pública?

Es probable que hayan influido al menos dos factores. El primero es que el punto 1 del acuerdo, el “compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público”, hasta ahora es letra muerta. El problema no son sólo las funas, el vandalismo y los incendios en universidades e iglesias. Lo peor es que nuestra dirigencia política no transmite ni de cerca la convicción de habitar la misma casa común buscando soluciones compartidas. Mientras el intendente de Santiago afirma “estar contento” con las últimas semanas (¿habrá notado que el copamiento preventivo fracasó?), la oposición insiste con acusaciones constitucionales sin fundamento ni destino. La duda acerca de las condiciones de posibilidad del plebiscito es evidente. Sin ir más lejos, al escribir estas líneas la PSU ya se suspendió en 64 locales por disturbios.

Pero la interrogante por las condiciones ya no sólo del plebiscito, sino del proceso constituyente en general, también es inevitable. Cierta izquierda perdió toda tolerancia al hecho mismo del disenso político, consustancial a la democracia. Basta recordar que Giorgio Jackson denunció que, por oponerse a las inéditas cuotas de resultado, el oficialismo “rechaza la participación de mujeres” (?). Ese maniqueísmo hace dudar hasta el más entusiasta sobre la viabilidad de una deliberación razonable.

La encrucijada no es fácil. En términos de legitimidad y eficacia, un cambio constitucional podría ser la punta de lanza de una indispensable renovación institucional. Pero quienes se jactan de ser los principales interesados en aquel cambio, parecen empeñados en erosionar su viabilidad. Así estamos.