Con un cuarto coloquio sobre la crisis política y social en Chile el Instituto de Estudios de la Sociedad cerró su ciclo de actividades 2019. En esta ocasión, la conversación se centró en los derechos humanos y el orden público. Participaron María Jaraquemada, directora de Incidencia de Espacio Público; Pablo Ortúzar, investigador del IES y autor de la comentada columna “Violencia, derechos humanos y la salvación de la República”, publicada en Ciper; y el abogado constitucionalista y militante DC Patricio Zapata.

“Hay personas que pueden estar cometiendo delitos, y ahí hay que focalizar el control del orden público, pero también hay personas que están haciendo uso de su derecho a la manifestación”, dijo María Jaraquemada, sobre las prolongadas protestas que se iniciaron el 18 de octubre. A su juicio, lo importante es lograr un equilibrio entre orden público y protección de los derechos humanos. “Se requiere mayor fiscalización externa, tanto de los programas internos de Carabineros como de las situaciones de abuso y violación a los derechos humanos”, dijo.

En cuando a las situaciones de violencia más extremas o enfrentamientos entre Carabineros y manifestantes, Pablo Ortúzar señaló que “es difícil que se terminen a través de la aplicación de una fuerza desnuda a los manifestantes. Eso genera una dinámica de violencia que se retroalimenta a sí misma. Sin conducción política, esta no tendría por qué terminar”. Para el antropólogo social, la crisis ha evidenciado un “problema de inteligencia básica, que es enfrentar estos conflictos solo como un tema de orden público”, y añadió que el principal desafío que plantea el estallido es “cómo replanteamos el Estado cuando los soberanistas están en bancarrota”.

En tanto, el abogado constitucionalista Patricio Zapata defendió que “la calle es un lugar de expresión y, generalmente, ha sido pacífico. Es la oportunidad que tienen muchos de manifestarse”. Sin embargo, sostuvo que “hay grupos anarquistas que están ahí, y hay una dificultad importante de un sector de la izquierda de llamar las cosas por su nombre”. En ese sentido,  planteó que “es difícil hacer un equilibrio entre restaurar el orden público, que es un imperativo para el proceso constituyente, y establecer argumentos de garantía de derechos humanos”, aunque puntualizó que “cuando es el Estado el que humilla eso tiene una gravedad especial”.

Revisa aquí el video del coloquio (vía Facebook).