Columna publicada el 03.12.19 en La Segunda.

Con el pasar de los días, el acuerdo transversal por la paz social y la nueva Constitución pareciera ser cada vez más frágil. En rigor, no son pocos quienes amenazan o toleran tirarlo por la borda. Me temo que sería un gran error.

Frente a quienes desde la derecha subrayan –con razón– que cualquier deliberación supone reestablecer el imperio del derecho, conviene recordar que el acuerdo no pugna con este propósito. Al contrario, los firmantes se comprometieron a garantizar “el restablecimiento de la paz y el orden público” (punto 1). Ante los titubeos en materia de violencia y vandalismo, hay que exigir el cumplimiento de la palabra empeñada; no botar el acuerdo. Hasta ahora, él ha sido el único punto de encuentro de los políticos, y a partir de él habrá que reivindicar la capacidad de nuestras instituciones de lidiar con la crisis.

Por su parte, muchos desde la izquierda miran con recelo la ausencia de cuotas de resultado y escaños reservados para elegir los delegados constituyentes, a tal nivel que parecieran dispuestos a tirar el mantel si no hay modificaciones inmediatas. Pero si el acuerdo logró subir a la mesa desde la UDI hasta buena parte del Frente Amplio, fue bajo un “sufragio universal con el mismo sistema electoral que rige en las elecciones de Diputados” (punto 4). Hay buenos argumentos para replantear nuestra comprensión de la representación política, pero el espacio idóneo para discutir esto es el órgano constituyente. Poner en riesgo todo el proceso por la falta de transformaciones aquí y ahora, sería renunciar a la posibilidad misma del itinerario constitucional. El maximalismo no es buen aliado, y la izquierda debiera ser la primera en notarlo.

Por último, no faltan quienes de lado y lado sostienen que el acuerdo instaló una “hoja en blanco”. Pero esto es así en un sentido tan real como acotado. No hay una regla por defecto que amarre en términos formales la deliberación; pero, además de la tradición constitucional chilena y las obligaciones internacionales en vigor, el propio acuerdo ya fija un rayado de cancha, con plazos y condiciones. Su sola lectura confirma que la Constitución vigente dejará de regir si (y sólo si) el proceso avanza hasta un plebiscito de salida que ratifique el eventual cambio constitucional. El cuórum establecido para el funcionamiento del órgano constituyente forzará los consensos, incluyendo los ámbitos en los que necesariamente deberá llegarse a acuerdo, y las indispensables disposiciones transitorias. Y así, suma y sigue.  

Hay dudas e incertidumbres, sin duda. Pero precisamente por eso se requiere buena fe y generosidad: urge cuidar lo poco que tenemos. Hoy la disyuntiva es o camino institucional o caos. No hay donde perderse.