En medio de la crisis y las protestas pacíficas y violentas, el debate constitucional se ha tomado gran parte de la agenda pública durante noviembre. La discusión ha girado sobre distintos ejes, entre ellos, qué se entiende por cambiar la Constitución y el concepto «hoja en blanco», qué rol desempeñan los políticos y los ciudadanos en este proceso, cómo enfrentar la falta de legitimidad de la Carta Magna y qué papel juega realmente el proceso constituyente en el nuevo pacto social.

Sobre este último punto, Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, y Pablo Ortúzar, consideran que si bien «un cambio a la Constitución puede formar parte de las medidas de mediano y largo plazo, sería un error identificar y reducir el nuevo pacto solo a este ámbito» (El Líbero). A esto Alvarado agrega que «sin una dosis mínima de orden público, será inviable desarrollar un proceso constituyente digno de ese nombre» (Diario Financiero).

Para Mariana Canales también es importante que este cambio «se realice dentro de un marco institucional que asegure una amplia participación ciudadana, y al mismo tiempo, contemple la participación activa del Congreso» (El Líbero). Agrega que «si la Constitución es norma base de nuestro ordenamiento jurídico y en último término ordena el modo en que nos conducimos como sociedad, es necesario que los ciudadanos la sintamos como propia para aceptar ser regidos por ella».

Legitimidad y política

Parte de la reflexión de Canales se vincula con el déficit de legitimidad de la actual Constitución. Según plantea Alvarado, también autor de La ilusión constitucional, «la Constitución vigente simboliza y condensa las líneas matrices del régimen de la transición, el mismo que hoy –con mayor o menor justicia– ha perdido legitimidad» (La Segunda). Sin embargo, precisa que «un análisis mínimamente honesto conduce a rechazar la identificación entre la Carta actual y el régimen de Pinochet» (Ciper), pues ha sido ampliamente reformado.

Daniel Mansuy, en tanto, sostiene que «es innegable que nuestra larga transición le dio estabilidad y conducción a Chile en momentos particularmente delicados; pero, en el largo plazo, sus consecuencias fueron muy nocivas» (El Mercurio). A su juicio, además, el proceso constituyente plantea desafíos tanto a la derecha como a la izquierda. Mientras que «la izquierda tendrá que aprender que la pureza no se aviene con la política. En una palabra, el progresismo deberá dejar atrás el lirismo adolescente (…). La derecha, por su parte, no tendrá más alternativa que asumir una vocación de mayoría que hace mucho tiempo no tiene».

«El proceso constituyente actual es probablemente la última oportunidad en esta materia para la derecha posdictadura (…). Llegó el momento de que la derecha renueve sus planteamientos y su estrategia al momento de pensar sobre la Constitución», agrega Alvarado (La Segunda).

El cambio constitucional, entonces, también es un espacio que puede ayudar a reivindicar el papel de la política. «El acuerdo entrega no sólo una posibilidad real de resolver el descrédito de la Constitución, sino que hacerlo de la mano de la política. Lo que tendremos es un proceso sumamente político: el órgano constituyente no tendrá la pureza de los ángeles, pues su composición se asemejará a la que tiene hoy el Congreso», dice Alvarado (Diario Financiero). Luego enfatiza que «es una ilusión creer que podría arribarse a una nueva Carta Fundamental sin dirigentes, partidos, mediaciones ni articulaciones políticas. En rigor, no hay cambio constitucional sin aquello que (Fernando) Atria calificó como la cocina» (La Segunda).

Tanto Alvarado como Ortúzar creen que «hoy se necesitan políticos que asuman sus responsabilidades y canalicen el conflicto, no dirigentes que abdiquen de sus deberes bajo la utopía de un momento estrictamente refundacional. Una refundación de esa índole siempre es violenta y, por lo mismo, la democracia nunca podrá ofrecerla» (El Líbero).

Otro desafío que enfrentarán quienes redacten la próxima Constitución, dice Ortúzar «es preguntarse por el carácter actual del país, su situación geopolítica, la realidad material de sus instituciones y la cultura de sus habitantes, para desde ahí elaborar un texto legal que logre acoplarse de manera virtuosa a dichas realidades». (Ciper).

¿Hoja en blanco?

Una de las ideas más reiteradas tras el acuerdo constitucional es que el cambio a la Constitución será a partir de una «hoja en blanco». ¿Pero qué quiere decir esto? Para Claudio Alvarado, «la expresión se presta para equívocos y expectativas que no siempre se condicen con las dinámicas propias de la democracia contemporánea» (El Mercurio). Cabe recordar, dice, «que las cartas constitucionales no tienen la posibilidad de rehacer los países». Además, «el proceso constituyente en curso tampoco emerge desde cero, sino que es fruto de un acuerdo político que fija preliminarmente sus reglas (…) a fin de cuentas se trata de una hoja más en una larga historia que no comienza ni termina con nosotros», señala.

En Ciper también desarrolla esta idea, y advierte que «apuntar a refundaciones dificulta el espíritu de diálogo y amistad cívica que supone la superación de la crisis actual, impide valorar las mejoras concretas en la vida de las personas y, llevado al extremo, resulta imposible».

Vea también

-Entrevista a Claudio Alvarado y Domingo Lovera en T13 Radio.

-Entrevista a Claudio Alvarado en CNN Chile.