Debate publicado el 08.09.19 en El Mercurio.

Todavía la conmemoración del golpe de Estado de 1973 es una instancia dividida. En cuatro años más se cumplirá medio siglo del hito que terminó con el gobierno de la Unidad Popular y dio inicio a diecisiete años de dictadura. Entendiendo que hay miradas divergentes, discordantes, quizás necesariamente parciales sobre la historia de aquel hecho, ¿es posible imaginar una remembranza distinta, no unitaria, pero sí convergente; una conmemoración en la que diversas miradas, sin ser negadas, concurran o se encuentren en una memoria, precisamente, pública, una conciencia común? ¿Qué hace falta para eso? ¿Qué hacer hoy para llegar a esa convergencia en 2023? Estas son las reflexiones de Pablo Ortúzar, investigador IES, y Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES, para este especial publicado por Artes y Letras.

Claudio Alvarado: «Pese a la improbable memoria compartida, sí es factible establecer puntos comunes»

Obviamente es difícil aspirar a una mirada convergente sobre nuestro pasado reciente. El quiebre de la democracia, y en general las “planificaciones globales” de Frei Montalva, Allende y Pinochet dividen hasta hoy a los chilenos. Además, estudiosos como David Rieff sugieren que “no hay manera de reconciliar las memorias”. Ahora bien, nada de esto impide fijar propósitos más acotados pero igualmente relevantes. Por ejemplo, intentar precisar los pocos aspectos básicos e indiscutibles de aquel pasado, asumiendo que una porción significativa continuará abierto al debate.

Lo indiscutible, en todo caso, es fundamental: en nuestro país se cometieron actos brutales que no cabe minusvalorar ni menos negar. En rigor, ninguna explicación o contextualización acerca de los años anteriores al golpe de Estado justifica las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, resulta lógica y moralmente posible condenar en forma inequívoca dichas violaciones y, a la vez, advertir que hay múltiples debates pertinentes sobre el Chile de los 60 en adelante. Por eso conviene ser muy cuidadosos con las acusaciones de “negacionismo”. Por un lado, ellas aplican sólo a casos sumamente calificados; por otro, nuestras legítimas disputas en torno a estas materias suelen conducir al 10 de septiembre y, más aún, a las tensiones acumuladas a lo largo del siglo XX. Basta recordar que Gonzalo Vial se remontó a la crisis de 1891 para tratar de comprender a cabalidad la destrucción de la convivencia pacífica.   

Esta dualidad –afirmar lo indiscutible y reconocer la legitimidad de diversos debates– parece difícil de articular, pero fue justamente lo que caracterizó a los grandes hombres y mujeres del Chile posdictadura. Por mencionar un caso, ahí está el Informe Rettig, fruto del trabajo de personas que enfrentaron circunstancias políticas muy adversas y que lograron ir más allá de sus diferentes trayectorias biográficas: José Zalaquett, Mónica Jiménez, José Luis Cea y el propio Vial, entre otros. Ellos son el mejor testimonio de que, pese a la improbable memoria compartida, sí es factible establecer puntos comunes basados en el rechazo irrestricto a las violaciones a los derechos humanos, pero también en la apertura a distintas interpretaciones de nuestra historia. Delimitar consensos y admitir disensos razonados puede ser una meta modesta, pero fructífera a largo plazo.

Pablo Ortúzar: «¿Estamos dispuestos a interroga el proceso, de modo que podaos aprender sobre la violencia humana?»

La gran pregunta respecto al 11 de septiembre de 1973 es si estamos dispuestos a interrogar el proceso, de modo que podamos aprender sobre la violencia humana y sus mecanismos, o si permanecerá simplemente como un asunto faccioso, que morirá junto con aquellos existencialmente comprometidos con ese momento histórico. El único camino real para la prevención de la violencia humana es la desmitificación radical de los fenómenos históricos que, interpretados sacrificialmente, dotan de un falso sentido de comunidad a los grupos humanos. Esta desmitificación consiste en relatar el fenómeno desde el punto de vista de sus víctimas, y no desde el punto de vista de los victimarios. En el caso de proceso que lleva el golpe de estado ha dos discursos, dos mitos contrapuestos, irreducibles uno al otro y que quitan toda humanidad al adversario ideológico. Ambos deben ser pulverizados, por escandaloso que ello pueda parecer. Ambos son discursos y proyectos de poder. Su función es velar la verdad y ofrecer un sucedáneo de ella, no exponerla. En ambos el bien y el mal aparecen identificados con posiciones políticas. Es decir, relativizados por completo. Quien es atrapado por estas visiones se vuelve incapaz de reflexionar: lo único que hace es señalar su propia superioridad moral y la supuesta depravación del adversario.

El libro «Trampas de la memoria» (2018) de Ricardo Brodsky es un tremendo aporte en ese sentido. Es una pena el poco eco que generó. En el IES intentamos encaminar el debate en una dirección parecida a partir de «Voces de la reconciliación», que editamos el año 2013. Pero no es fácil. Hay muchísima resistencia por parte de quienes han estructurado su vida política y su propia identidad a partir de los mitos facciosos. La verdad nos hace libres, pero también duele: nos obliga a vernos a nosotros mismos en los defectos que reconocemos en los otros. Por eso normalmente los seres humanos preferimos mentiras convenientes, que nos confirmen en nuestros prejuicios. Por eso incluso los que prometen revelar «verdades históricas ocultas», como el publicista Baradit, normalmente no hacen sino remitificar el pasado, ofreciendo una lectura simplona y moralista. Lecturas que, en cambio, desafían este mal son los textos del antropólogo francés René Girard. O las durísimas reflexiones políticas de Albert Camus. Geoge Orwell, aunque menos profundo, apunta en la misma dirección: destacar lo perverso que es el mito cómodo. Y, también, lo cómodo que es.