Columna publicada el 29.06.19 en La Tercera.

Tiene razón Andrés Santa Cruz, presidente de la asociación de AFP, cuando pregunta por qué estas instituciones serían buenas para administrar el 10% previsional de todos los chilenos, pero no el 4% adicional. También parece acertar el dirigente gremial cuando indica que quien sea que administre esos nuevos ahorros, cobrará una nueva comisión por ello. Incluso una organización sin fines de lucro tiene costos operativos. A esto se podría agregar que, bajo el actual esquema de comisiones de las AFP, no añadir ese 4% al 10% retrasa la llegada del cotizante al umbral en que la rentabilidad de lo acumulado en la cuenta supera los costos.

Sin embargo, Santa Cruz -y, con él, su gremio- se equivocan al pensar que es simple arbitrariedad y populismo lo que hay detrás del severo gesto de desconfianza emitido por el Congreso en contra de las administradoras de fondos. Además, es demasiado grande el problema de las pensiones, en particular, y de la previsión, en general, como para que golpear la mesa en actitud patronal vayan a solucionarlo.

Ha pasado demasiada agua debajo del puente. Demasiados escándalos. La sociedad, por otro lado, se ha democratizado rápidamente. La clase media no ha parado de crecer, y nuestra forma institucional no ha cambiado al mismo ritmo. El zapato aprieta por todos lados, y ya nadie quiere agacharles el moño a los jefes ni a los dueños. Se demandan respuestas más claras y dialogantes, que al menos reconozcan los problemas. Hay sed de horizonte, de nuevas promesas. Nadie todavía aclara cuáles serán los términos del acuerdo social del nuevo país de clase media.

El momento, entonces, es propicio para renegociar el esquema institucional. El Estado tiene en sus manos una cantidad muy importante de dinero para administrar, y las AFP no quieren quedarse debajo de la mesa. Es cierto que las AFP pueden reclamar con justicia por ser excluidas a priori de la administración de esos fondos, pero también es cierto que los representantes del pueblo pueden exigir cambios a las AFP que legitimen dicho traspaso. De hecho, las fuerzas políticas tienen el deber de ponerse de acuerdo respecto a este “nuevo trato”: no pueden simplemente desahuciar a instituciones que están a cargo de la mayor parte de los ahorros para la vejez de los trabajadores chilenos.

Son las reformas oportunas las que previenen las revoluciones. Y es tonto que Santa Cruz destaque que el Congreso no tiene más apoyo popular que las AFP, tanto como que la DC piense validarse haciendo a un lado a las administradoras. Son como dos personas sobre el mismo bote, señalando cada una que el forado bajo los pies del otro es más grande.

Santa Cruz, como Rafael Caviedes de las isapres; como Lorenzo Constans, de la Cámara de la Construcción; como Ricardo Mewes, de la Cámara de Comercio, entre otros voceros de distintos gremios de los últimos años, son las últimas voces de una forma de capitalismo autoritario que el país ha ido dejando atrás. Son voces ochenteras y noventeras, que ya no surten el efecto que tenían antes, cuando la mayoría de los chilenos pensábamos que los empresarios eran superhombres y confiábamos en la probidad científica de los expertos.