Entrevista publicada el 30.06.19 en el Diario El Centro de Talca.

«Temas» conversó con Guillermo Pérez Ciudad, investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad y autor de uno de los capítulos de «El arranque de la descentralización» (Ediciones Universidad de la Frontera/ Fundación Chile descentralizado, 2017). El problema es profundo y compromete el desarrollo del país.

¿Cree que se está generando entre los chilenos una cultura que nos empieza a liberar del pensamiento centralista?

La cultura centralista está muy arraigada en Chile. Basta ver una obra de teatro como “La pérgola de las flores”, donde el personaje de la Carmela es, en parte, una caricatura del habitante de región, es el que llega a Santiago y para el metro con el dedo. La palabra “provinciano” es muestra de lo mismo, pues por lo general se usa como un adjetivo peyorativo, asociado a la ingenuidad o inexperiencia de quienes viven fuera de la capital. Esto se ve reforzado por una lógica global, donde históricamente las élites han tenido como principal modelo de éxito al ciudadano del mundo, al cosmopolita que acumula millas, que gana experiencias y abre su mente, mientras miran con desconfianza o desprecio a quienes muestran afinidad o cercanía con lo particular y lo local.

¿Pero con el crecimiento regional, por ejemplo, no ha notado algún cambio?

No creo que en Chile estemos abandonando el pensamiento centralista. Es cierto que algo hemos avanzado, y la mejor prueba son las reformas orientadas a la descentralización, pero ellas todavía no se implementan. Cambiar la cultura requerirá mucho más tiempo. Ahora bien, la llamada crisis de la democracia liberal está permitiendo que se visibilicen las tensiones que se esconden en nuestras supuestas sociedades cosmopolitas y globalizadas. Y esto, a la larga, debiera tener consecuencias en cómo nos acercamos al fenómeno de la descentralización.

¿Por qué es tan difícil abandonar esa cultura?

Siempre se culpa a Santiago, como si fuera un hoyo negro que absorbe recursos y proyectos. Aunque no deja de ser cierto, a las élites políticas locales tampoco les conviene modificar las actuales estructuras de poder. Para los operadores políticos que abundan en municipios, gobiernos regionales  y seremías, el desarrollo regional es peligroso, porque implica aumentar la competencia en grupos demasiado acostumbrados a repartirse los cargos entre ellos. Y por lo mismo, tienden a resistirse a él. Por otro lado, una buena descentralización significa mayor transparencia, y eso entra en tensión con culturas locales fuertemente marcadas por los amiguismos y el clientelismo. Abandonar la cultura centralista también significa que las autoridades regionales y locales asuman la responsabilidad de hacer las cosas bien.

Una de las medidas para la descentralización es la elección de gobernadores regionales. ¿Por qué es tan relevante?

Porque se espera que construya nuevos equilibrios de poder en las regiones. Tener gobernadores electos con más votos que los senadores es insertarle una voz al sistema político local que antes no existía, o que era representado mínimamente por intendentes que duraban poco tiempo, no eran conocidos por la ciudadanía y no respondían a planes de desarrollo regional de largo plazo.  Lamentablemente, sus beneficios están en duda debido a una discusión legislativa muy deficiente. A menos de un año y medio de la elección no hay claridad sobre asuntos elementales, como la descentralización fiscal. Es de esperar que los parlamentarios, La Moneda y las mismas fuerzas regionales sean capaces de reconocer y resolver esos puntos críticos. Todavía estamos a tiempo.

En relación al traspaso de competencias a los gobiernos regionales. ¿Cuáles son las principales dificultades?

Aquí hay varios problemas, pero los más graves son dos: la arbitrariedad del poder central para traspasar las competencias y la ausencia de mecanismos de resolución de conflictos entre el poder central y los regionales. Sobre el primero, la ley deja abierta la puerta para que el Ejecutivo pueda traspasar competencias a los gobiernos regionales con bastante discrecionalidad. Así, es muy sencillo que el Presidente beneficie a los gobiernos regionales de su coalición y deje fuera a los de otro color político.

Sobre el segundo, no existe en la ley un órgano que pueda resolver los problemas que surjan entre las autoridades centrales y las regionales. Esto es especialmente grave, porque si el Presidente va a tener un alto nivel de discrecionalidad en la decisión de las competencias, es probable que los gobernadores sustenten su campaña y su acción política en aumentar las disputas con el poder central. Si no creamos los mecanismos adecuados para encauzar institucionalmente esas rencillas, es fácil que se salgan de control.

Es común escuchar que las regiones no tienen capacidad para resolver sus problemas. ¿Es así?

Los territorios suelen estar cooptados por operadores políticos que dividen las cuotas de poder entre sus cercanos. Así, tienden constantemente a excluir a los que no pertenecen a esos círculos, perpetuándose en los cargos y generando una cultura de amiguismo y clientelismo nefasta para la institucionalidad local. Todo esto se agrava si tenemos en cuenta las instancias de control deficitarias y la subutilización de ciertas herramientas actualmente consagradas en la ley.

¿Cómo nos hacemos cargo?

Países como Francia, Italia, Canadá y España, bajo recomendación de la OCDE, han recurrido a la suscripción de contratos entre el gobierno central y los subnacionales. Mediante este mecanismo, que los sitúa en una posición de constante y necesario diálogo, han logrado manejar las interdependencias, gestionar las relaciones, clarificar las responsabilidades y transmitir capacidades. La aplicabilidad de este tipo de herramientas en Chile no parece tan descabellada, sobre todo si las entendemos como un marco de acción que defina y limite los compromisos derivados de relaciones bilaterales entre el poder central y cada uno de los gobiernos regionales. Ese puede ser un buen ejemplo a considerar.

¿Es necesario afianzar un estado construido desde el nivel local
y regional?

Esto es muy interesante, porque esa es precisamente la respuesta que varios intelectuales están dando a la llamada crisis de la democracia liberal. Volver a valorizar lo local sería una de las formas de disminuir la distancia entre las élites políticas y la ciudadanía, una de las principales expresiones de esa crisis. Sorprende que algunos de los grupos que defienden la regionalización aún no armen un relato en base a este tipo de propuestas. Eso permitiría incrustar la descentralización en asuntos globales de primera importancia. Dicho de otro modo, sería interesante explorar bajo qué condiciones la revalorización de lo local puede ser útil para disminuir la brecha entre las instituciones y la gente, pues esta sería una de las razones que explicaría, en parte, la aparición de ciertos populismos. Por otro lado, también es llamativo que los sectores políticos que dicen defender el principio de subsidiariedad –muy relacionado con la descentralización– al final del día sean tan reticentes con la distribución del poder.

¿La idea, en definitiva, es alcanzar un país descentralizado, integrado, cohesionado, justo y digno?

Sin duda que la descentralización puede ayudarnos a construir una mejor sociedad, pero hay que tener cuidado con pensar que la descentralización puede ser un fin en sí misma. Queremos un país integrado, cohesionado y justo, y uno de los medios para llegar a eso es a través de un proceso de descentralización responsable. En cambio, decir que una de las formas para administrar el estado –la descentralización– tiene un tenor similar a la justicia y la dignidad significa tratarla como si fuera un principio irrenunciable, un ideal al que todos deben aspirar, cuando no es necesariamente así. Lo más problemático de esta forma de comprender el fenómeno es que limita nuestra capacidad para enfrentar cualquier asunto que lo problematice. Esto ha facilitado que se instale la idea de que lo único realmente relevante es descentralizar rápido, sin importar mucho cómo hacerlo.