Columna publicada el 28.05.19 en La Segunda.

Finalmente, el gobierno lanzó el programa de clase media protegida. Hasta ahora, las críticas apuntan a su falta de iniciativas novedosas: el anuncio sería más grandilocuente que efectivo, se dice. Pero si bien la prevención es relevante –hay que tener cuidado con frustrar expectativas –, no es exagerado afirmar que este programa viene a confirmar un cambio de paradigma en el oficialismo. Veamos.

La derecha noventera comprendió el principio de la focalización del gasto público de un modo que, en general, tendía a restringir en exceso las ayudas estatales. Ciertamente es sensato justificar dichas ayudas en las necesidades de las personas (no es justo ni eficiente pretender apoyar a todos por igual); pero en nuestro país quienes viven necesidades básicas distan de ser sólo quienes, para decirlo en breve, integran el primer decil de la población. Tal como han ido acreditando las diversas mediciones disponibles, al menos 3 o 4 de cada diez chilenos sufre el drama de la pobreza o la vulnerabilidad, esto es, aquella situación en la que, sin vivir en pobreza, fácilmente se puede caer en ella. El programa de clase media protegida instala en el imaginario colectivo del oficialismo y del país que el Estado brindará su apoyo a todos ellos, y no sólo a quienes padecen la miseria más extrema.

Con todo, lo que pareciera ser un saludable cambio de paradigma conlleva un peligro: olvidar por completo la lógica de la focalización. Que cierta derecha la haya leído en forma insuficiente no significa que la focalización sea en sí misma errónea. Si lo que justifica la política social es la necesidad, está mal ignorar a quienes la sufren pese a no pertenecer al segmento más carente, pero sería peor dejar de priorizar a los más desposeídos. Para ilustrarlo en pocas palabras, el riesgo es olvidar que, en justicia, el Sename y los campamentos son más prioritarios que la frágil clase media. Por lo demás, tal olvido bien podría diluir las diferencias con la socialdemocracia, e incluso sentar las bases de los derechos gratuitos y universales que tanto se le criticaron al gobierno de Michelle Bachelet.

El desafío, entonces, es dotar de un sólido marco común a la preocupación por la pobreza y por la clase media vulnerable –ambas inquietudes responden al mismo criterio–, y priorizar conforme a ese marco.