Columna publicada el 15.01.19 en La Segunda.

La sola posibilidad de evaluar modificaciones al régimen de admisión escolar pareciera ser inaceptable para nuestra izquierda. Hasta ahora, replicando los énfasis del gobierno, sus dardos se dirigen a la rehabilitación de ciertas lógicas de mérito y rendimiento académico. Es verdad que estas lógicas han sido ampliamente criticadas en el primer ciclo educativo. Sin embargo, el proyecto del Mineduc apunta a séptimo básico en adelante y, además, contempla una serie de requisitos para los colegios involucrados, como mantener un 30% de alumnos vulnerables. Así, lo prudente sería más bien atender al modo en que, en concreto, revisando la implementación de la ley vigente, los cambios planteados podrían mejorar (o no) el sistema de admisión.

Con todo, el aspecto más relevante de la iniciativa «admisión justa» va por otro lado, y consiste en la propuesta de autorizar a todos los establecimientos que reciben fondos públicos a seleccionar hasta un 30% de la matrícula según su proyecto educativo. Esto remite al principal problema, en términos sustantivos, de la ley que eliminó el lucro, el copago y la selección. Sus propósitos eran loables (acabar con las arbitrariedades y favorecer igual libertad para todos), pero la falta de algunas distinciones elementales condujo a una de las mayores paradojas de este debate. A saber, que aquellos que querían poner fin a la mercantilización de la educación terminaron, al final del día, tratándola como un commodity cualquiera.

En efecto, lo que diferencia a un colegio de otro es su proyecto institucional: los énfasis en determinados idiomas o culturas, destrezas artísticas o deportivas, su credo religioso, etc. Y todo proyecto institucional medianamente robusto supone que colegio y familia compartan una manera semejante de entender el proceso educativo. De ahí que los padres deban poder elegir un colegio acorde a su visión de mundo (y acá hay muchas deudas al respecto). Pero de ahí, también, que las escuelas deban tener algún margen para manifestar a los apoderados, cuando sea el caso, que ellos buscan algo distinto a lo que aquel colegio ofrece como proyecto, que en muchos casos va más allá de la PSU o la infraestructura. Todo esto permite dar vida a auténticas “comunidades escolares”, y son ese tipo de comunidades, cohesionadas y multiplicadas en el conjunto de la sociedad, las que posibilitan el pluralismo y la diversidad de proyectos en el ámbito educacional.

Estas consideraciones, ignoradas sin pudor por Bachelet II, debieran ser subrayadas por el gobierno actual. Precisamente porque la educación no es un simple bien de consumo, ni los colegios pueden ser tratados como meros proveedores de servicios, ni las familias como consumidoras de un producto estandarizado.