Columna publicada el 21.10.18 en El Mercurio.

Jorge Bermúdez sufrió esta semana una dura derrota: la Corte de Apelaciones acogió por unanimidad el recurso presentado por Dorothy Pérez, la subcontralora destituida hace algún tiempo. Según los jueces, el Contralor se excedió en el modo de evaluar sus propias atribuciones, pues carece de potestad para remover a su subalterna. En otras palabras, perdió por goleada en aquella cancha donde no se puede dar el lujo de perder -la interpretación de las normas-. Si el encargado de velar por la legalidad de los actos administrativos no conoce bien sus propias prerrogativas, ¿con qué legitimidad controla entonces al resto del aparato público? El caso se complica aún más si recordamos que el mismo Bermúdez afirma, en su «Tratado de derecho administrativo», que el cargo de subcontralor es «inamovible». Lo grave no es tanto el cambio súbito de opinión, sino el haber tomado una decisión sabiendo cuán discutible era su tesis. Se expuso así, con pleno conocimiento de causa, a una situación muy incómoda, que puede poner en jaque toda su gestión (que ahora pende de una decisión de la Corte Suprema).

Ahora bien, este episodio se inscribe en un marco que ya presentaba dificultades. En efecto, hace meses que el Contralor viene dando señales extrañas, al dejar permear sus decisiones por una actitud poco compatible con su función y responsabilidades. Y no se trata solo de la figura de «Contralorito» (que banaliza e infantiliza su trabajo), ni de la atención exagerada que ha puesto en situaciones marginales (cuesta pensar que la Contraloría no tenga nada mejor que hacer con su tiempo y recursos que verificar si la alcaldesa de Maipú infringió o no alguna norma en el «Kiki Challenge»). Las cuestiones más complejas van por otro lado, y guardan relación con cierta tendencia a invadir ámbitos ajenos. El caso más notorio -pero está lejos de ser el único- fue su decisión relativa a la objeción de conciencia institucional. Allí, el Contralor no solo cuestionó la forma del reglamento del Ministerio de Salud, sino que hizo una observación de fondo, al afirmar que las instituciones privadas que prestan servicios públicos (y reciben fondos para ello) deben operar como si fueran parte del Estado, despachando de un plumazo un largo debate sobre la autonomía de la sociedad civil. Desde luego, la tesis defendida por Bermúdez es plausible, y de hecho ha sido defendida por insignes autores de izquierda. No obstante, resulta muy dudoso que la Contraloría esté llamada a zanjar una diferencia de esa naturaleza. Más allá de la opinión que cada cual tenga sobre el fondo del asunto, Jorge Bermúdez se arrogó una potestad legisladora que nadie le ha concedido.

La enfermedad es conocida, y se llama activismo. Consiste en la irresistible propensión a concebir las propias atribuciones de modo inflacionario, reduciendo unilateralmente las de otros órganos. Es cierto que la primera causa del fenómeno es la indolencia de la sede política, cuya pasmosa desidia para tomar ciertas decisiones deja espacio para que otros llenen los vacíos (basta pensar en la curiosa situación jurídica que viven las isapres). Sin embargo, el activismo puede resultar mucho peor que la enfermedad que se combate, pues tensiona todo el sistema, desordenando el esquema de pesos y contrapesos indispensables en toda democracia. En rigor, un correcto funcionamiento de las instituciones exige que cada agente se tome muy en serio sus atribuciones, pero solo sus atribuciones.

Desde luego, los activistas suelen justificar su actitud en función del objetivo buscado. El mismo Bermúdez, al ser consultado por su derrota en la Corte, reaccionó diciendo: «Sigo trabajando con las mismas ganas para que este país sea un poquito menos corrupto». La frase revela bien el modo en que el Contralor concibe su propia función y, por lo mismo, merece cierta atención. Por de pronto, supone un diagnóstico implícito particularmente severo: si el Contralor de la República piensa que Chile es un país muy corrupto, podría darse la molestia de explicar en qué hechos funda su juicio, y si de verdad cree que la Corte de Apelaciones no le permite cumplir con su propósito. Con todo, el aspecto más problemático va por otro lado. Al ser notificado de su derrota judicial, el Contralor responde aludiendo a su lucha personal contra la corrupción. En ese preciso punto reside la trampa de su argumentación (que es la trampa de toda argumentación activista): no hay relación alguna entre ambas cosas. Bermúdez puede, y debe, luchar contra la corrupción, pero con estricto apego a la ley. Chile no necesita superhéroes ni salvadores de la galaxia. Tampoco necesita funcionarios públicos que transmuten su personalidad en vocación carismática apenas asoma una ocasión de brillo. Basta con personas que realicen su trabajo con discreción y deferencia, asumiendo que forman parte de un denso entramado institucional, cuyo equilibrio merece ser cuidado. Puede que sea menos vistoso, pero es ciertamente más democrático.