Análisis de Claudio Alvarado, Daniel Mansuy y Joaquín Castillo publicado el 06.10.18 en Política de El Mercurio.

Era «el día más esperado de la década», dijo alguna vez Ascanio Cavallo, y de seguro no exageraba. Si -según Gonzalo Vial- el 11 de septiembre de 1973 condensó las angustias y frustraciones acumuladas a lo largo del siglo XX, el 5 de octubre del 1988 representó la esperanza de una generación que vio derrumbarse la democracia y vivió casi dos decenios en dictadura. Desde luego, el hito no estuvo exento de tensiones, tanto antes como después del plebiscito, y muchas de ellas se proyectan hasta hoy. Nuestra historia reciente es cualquier cosa menos pacífica, y para advertirlo basta reparar en el debate sobre beneficios carcelarios a condenados por derechos humanos, la acusación constitucional a los jueces que los concedieron o las nuevas polémicas en torno al Museo de la Memoria. Guste o no, el mero transcurso del tiempo no cura heridas tan profundas como las que sufrió nuestro país. Ahora bien, es indudable que el Chile que emerge ese 5 de octubre -un Chile que le dio la espalda a Augusto Pinochet- comenzó a fraguarse con antelación. Reparar en el itinerario que posibilita el triunfo del «No» puede ser útil a la hora de reflexionar sobre la proyección de aquel hito y sus implicancias actuales.

La pregunta suspendida

En su «Crónica de la transición», Rafael Otano señala que el «kilómetro cero» de este período remite directamente a Patricio Aylwin, pero lo sitúa algunos años antes de que él fuera el rostro de la victoria en el plebiscito del 88. Para Otano, la transición no comienza a gestarse el 5 de octubre de ese año ni con el Acuerdo Nacional del 85, sino antes: en julio de 1984, en un seminario de tintes académicos realizado en el Hotel Tupahue. Ahí Aylwin propone por primera vez en público intentar volver a la democracia siguiendo las reglas del juego trazadas por el régimen de Pinochet, según las disposiciones transitorias de la Constitución de 1980. Es decir, no discutir acerca de la legitimidad del texto redactado por la comisión Ortúzar, sino considerarlo «como un hecho».

La apuesta de Aylwin era arriesgada, pues ponía en riesgo una convergencia crucial para la oposición democrática. Hasta entonces, el centro y la izquierda no reconocían validez alguna de la Constitución. Sin embargo, el líder de la DC había llegado a la convicción de que no existía otra salida pacífica, lo que sería crucial para su generación: Chile no podía volver a experimentar un cuadro de «guerra civil política» -en términos de Joaquín Fermandois-, y los militares tenían el poder de las armas y regían el país. Ante ese cuadro, Aylwin afirmó que debía eludirse «deliberadamente» la enredosa cuestión de la legitimidad constitucional. De lo que se trataba era de encontrar un camino eficaz para salir del régimen autoritario sin derramamiento de sangre. Y los hechos terminaron dando razón a quien pocos años después llegaría a ser el primer presidente elegido de forma democrática desde Salvador Allende.

En rigor, fue esa decisión y su posterior articulación lo que permitió derrotar a la dictadura a partir de su propio rayado de cancha. Más aún, fue ese mismo planteamiento lo que posibilitó que, luego del plebiscito, el gobierno saliente y la coalición entrante acordaran un paquete no menor de reformas constitucionales. En virtud de esto último, en Chile nunca rigió el articulado original de la Constitución que entró en vigencia en marzo de 1981 (Pinochet utilizó las disposiciones transitorias entre los años 81 y 89, y Aylwin el texto reformado). Y en fin, de seguro fue esa misma lógica la que ayudó a muchos concertacionistas a convivir por años con la herencia política y económica del régimen. La primera Concertación, de algún modo -reformas más, reformas menos-, mostraba más continuidad que ruptura con el gobierno de facto.

Todo lo anterior configuró un cuadro político muy frágil, que amenazaba la consecución del principal objetivo de la transición. Hoy se omite con demasiada facilidad que los tránsitos de dictaduras a democracias suelen ser bastante más agitados que la experiencia chilena. Desde los «autoflagelantes» de la Concertación hasta los críticos del Frente Amplio, pasando por quienes quieren replicar (desde la derecha) el espíritu de la transición, se olvidan de las peculiares circunstancias de la época y que una democracia sólida como la que gozamos hoy -al menos comparativamente- no era para nada evidente ese 5 de octubre. Sin embargo, también es un dato de la causa que hubo una decisión política razonada en orden a esquivar el debate sobre la legitimidad del orden político heredado, decisión que está presente desde el germen mismo de la vuelta a la democracia. Y evadir esa discusión trajo, inevitablemente, consecuencias problemáticas.

¿Una transición eterna?

Renunciar a la pregunta por la legitimidad de un régimen se parece mucho a desistir de ofrecer una justificación política del mismo. Aquella renuncia posibilitó un tránsito pacífico a la democracia, pero también terminó de instalar una economía de mercado sin necesidad de explicación ni posibilidad de oposición. Si se quiere, acá radica la virtud y el drama de la transición.

A derecha e izquierda del espectro político se tomó conciencia de la fragilidad del panorama (no hay que olvidar que, hasta 1998, Pinochet continuó a cargo de la Comandancia en Jefe del Ejército), y se evitó cualquier cambio brusco. La duda es si era necesario, posible y conveniente asumir esa lógica transicional de modo permanente. Después de todo, la pregunta por la legitimidad siempre vuelve por sus fueros: más temprano que tarde, los ciudadanos buscarán una justificación política del orden en que viven. La política chilena, sin embargo, tendió a esconder los conflictos bajo la alfombra y evitó procesar las grandes disonancias. No haber aquilatado a tiempo este fenómeno probablemente impidió anticiparse a las tensiones que se fueron acumulando en el oficialismo concertacionista y en el país en general. Así, esquivar la cuestión de la legitimidad pasó a ser de las mayores virtudes del orden de la transición -cuando bastaba la simple facticidad, la cruda realidad de los hechos- a convertirse en una de sus peores pesadillas.

El ejemplo más notorio guarda relación con el sistema económico y la expansión del mercado a diversas esferas de la vida social. No solo la derecha confió ciegamente en su legitimación automática por la mera expansión del consumo y las libertades. También el mundo de centroizquierda adoptó -paradójicamente- una mirada similar. Al mismo tiempo que en privado se le miraba positivamente por parte importante de las élites dirigentes, se le criticaba en público, responsabilizando a la derecha por la falta de modificaciones al respecto (como dijo años después Edgardo Boeninger, se había generado «una convergencia que políticamente el conglomerado opositor no estaba en condiciones de reconocer»). Es probable que la explosión social del año 2011 se haya debido, al menos en parte, a esa carencia de justificación: el no tomarse en serio la ausencia de una narrativa política legitimadora originó una respuesta desproporcionada de signo contrario cuando la realidad ya no se explicaba por sí sola. En particular, la centroizquierda transitó sin demasiada reflexión desde la falta de justificación al anhelo refundacional (lo que, de paso, la llevó a la fragmentación que puede observarse hoy), abordando las carencias mencionadas con tosquedad e improvisación.

La reconciliación inconclusa

Con todo, las polémicas de los últimos meses también permiten recordar otro déficit, tanto o más delicado a la luz de su significado simbólico: la imposibilidad de abordar en sede política el drama de las violaciones a los derechos humanos. Cualesquiera sean los motivos, Chile no fue capaz de ofrecer una solución propiamente política a este respecto (derogar o no la Ley de Amnistía, plantear un régimen claro de justicia transicional a la luz de experiencias internacionales, etc.), y eso tiene mucho que ver con las encrucijadas actuales en este campo.

Si en los inicios de la Concertación parecía haber un objetivo en torno a la reconciliación, al momento de empantanarse los avances en verdad y justicia ella dejó de ser una meta política relevante. Haber esquivado una reflexión conjunta en torno a nuestro pasado es probablemente lo que nos lleva, año a año, a tener una memoria tan disputada. Y si bien han existido avances en la indispensable condena a los crímenes atroces ocurridos en Chile durante el régimen de Pinochet, todavía hay lecciones que aprender en torno a la violencia como arma política y a la defensa irrestricta de los derechos humanos en otras latitudes. Las fisuras que manifiesta el Frente Amplio cuando sus miembros reprochan crímenes de otros regímenes, y la reivindicación del MIR o del FPMR -entre cuyas acciones se cuentan ni más ni menos que el secuestro de niños- llevan a pensar que algunas lecciones no han calado suficientemente hondo. Este problema, desde luego, no es patrimonio exclusivo de un solo sector político: hasta hoy ciertos sectores de la derecha exhiben una incomprensible incapacidad para condenar categóricamente las violaciones a los derechos humanos, como si el reconocimiento de legítimas discusiones acerca del Chile del 10 de septiembre (pensando en el pasado) o respecto del Museo de la Memoria (pensando en hoy) obligara a justificar lo injustificable. Son precisamente este tipo de carencias las que llevaron a dejar parte importante de nuestro pasado en manos de otros actores -los jueces-, sin tomar decisiones propiamente políticas y de alcance general respecto a estas materias. Que estas dimensiones de nuestra vida social se muestren tan disputadas no solo dificulta la anhelada reconciliación, sino también la propia justicia y reparación de las víctimas.

Naturalmente, es muy difícil que estemos a tiempo de saldar esa deuda, pero nunca es tarde para tomar conciencia de ella. Puede ser un primer paso con vistas a enfrentar adecuadamente el nuevo Chile que -tal como aquel 5 de octubre- hoy emerge ante nosotros.