Columna publicada el 22.05.18 en El Líbero.

El 15 de mayo se celebró el Día Internacional de las Familias, fecha establecida por las Naciones Unidas para incentivar el interés de los diversos sectores sociales en torno a este tema tan relevante para la vida de todos los ciudadanos. La ONU, así, reconoce que la familia cumple funciones sociales vitales que no pueden ser sustituidas y que, por tanto, debe ser protegida y promovida a través de políticas apropiadas.

Subrayar tal realidad es precisamente el propósito del informe elaborado por el Instituto de Estudios de la Sociedad “Una política para la familia” (2018). Buscamos mostrar la importancia pública de esta comunidad y presentar lineamientos para avanzar en su fortalecimiento.

La vida humana depende de la familia no sólo en términos biológicos, sino también por su capacidad de proporcionar las condiciones propicias para el desarrollo de la persona, particularmente en su etapa de mayor vulnerabilidad: la infancia. Es esta institución, además, la que permite el recambio generacional necesario para la continuidad social, donde Chile enfrenta un enorme desafío, dadas sus progresivas bajas tasas de natalidad.

La familia también ofrece un espacio fundamental de educación y crianza de los niños. No es exagerado afirmar que en ella ocurre, al menos inicialmente, la transmisión de la cultura. Como ámbito primario de socialización, aprendizaje y transferencia de pautas de conducta, virtudes y valores que dan sentido a la propia existencia, la familia provee elementos fundamentales para la configuración de la identidad personal que permiten, a su vez, la vida en sociedad.

En este sentido, la familia pareciera ser determinante en la formación de capital humano. Estudios demuestran, por ejemplo, que el desarrollo de habilidades cognitivas y socioemocionales –de las que dependerá luego el desempeño educacional, laboral y social– se vincula directamente con esta institución. La familia sería, por lo tanto, un espacio clave no sólo para la realización individual de los ciudadanos, sino también para superar ciertas barreras de desigualdad que hoy impiden a muchos chilenos un verdadero despliegue de sus capacidades. Asimismo, el escenario actual está marcado por un aumento considerable en la esperanza de vida, donde las relaciones familiares de tres generaciones se hacen cada vez más habituales, lo que amplifica en ella sus funciones de cuidado y dependencia, según las diferentes etapas del ciclo vital.

Si la familia es, en suma, la unidad básica de la vida social, se comprende la necesidad de transformarla en un asunto político de primer orden. Para ello es imprescindible adoptar una “perspectiva de familia” que reconozca a esta comunidad como sujeto y objeto de la acción política. Esto supone una doble dimensión. Por un lado, implementar iniciativas enfocadas directamente en fomentar, proteger y ayudar a la familia, para que ella pueda desplegarse y cumplir con sus funciones en favor de la persona y la sociedad. Por otro, es fundamental establecerla como criterio rector al momento de elaborar, analizar y evaluar políticas públicas referidas a áreas sociales específicas (educación, salud, economía, pobreza, etc.), que directa o indirectamente la afecten, con vistas a tomar conciencia de su impacto sobre ella.

Una verdadera política para la familia exige atender a sus condiciones y circunstancias concretas en el Chile de hoy. Es decir, a sus complejidades, desafíos y fortalezas en sus distintas etapas de desarrollo o ciclos vitales y teniendo en cuenta su diversidad. En concreto, hace falta destinar más recursos y fomentar la investigación que permita obtener datos más precisos, a nivel cuantitativo y cualitativo sobre la familia, de manera que cualquier iniciativa en favor de ella responda no sólo a su realidad concreta, sino también a su identidad específica.