Columna publicada el 02.03.18 en La Tercera

A tres semanas del cambio de mando, los temas que comienzan a copar la agenda no son los más agradables para la nueva administración. Un día discutimos sobre el protocolo de aborto, al otro acerca del lucro en las universidades y al siguiente, respecto del TC. El panorama no sorprende demasiado: en una sociedad más compleja y democratizada, La Moneda controla cada vez menos el debate público. Cabe preguntarse, sin embargo, si el gobierno no podría intentar rayar mejor la cancha de la discusión; si acaso no hay espacio para jugar más de local y así evitar el terreno hostil que se está incubando.

Y la respuesta es que sí: el gobierno podría hacer más y mejor, en dos sentidos por de pronto.

El primero es asumir que ciertos temas llegaron para quedarse, por lo que conviene anticiparse y enfrentarlos. La disputa constitucional, de la que forman parte las funciones del TC, es un caso paradigmático. En un contexto mundial de cuestionamiento a la democracia representativa, y con un Frente Amplio liderando las riendas ideológicas de nuestra izquierda, esta polémica difícilmente desaparecerá del horizonte. El desafío, entonces, es dibujar una narrativa propia y pasar a la ofensiva. Por ejemplo, resaltando los aspectos orgánicos de una Constitución, según sugieren textos clásicos como El Federalista, vinculando así este debate con la modernización del Estado.

En segundo lugar, y más importante aún, el gobierno debiera insistir en su hilo conductor: las penurias de la clase media vulnerable y de los “invisibles” de nuestra sociedad. Es preciso subrayar, desde los discursos hasta las urgencias legislativas, que el foco de este mandato será la opción preferencial por los más necesitados, es decir, por quienes la modernización va dejando en el olvido. Ello permite no sólo aunar a las huestes propias y convocar a la oposición más constructiva, sino también justificar en el plano de la justicia las prioridades políticas escogidas.

Sin duda hay señales alentadoras, como el lugar otorgado al Sename y el propósito de terminar con la discriminación a las mujeres en los planes de salud; pero no basta con ellas. Es imprescindible perseverar y profundizar en ese camino, dejando de lado las distracciones y divisiones indeseables (cuesta entender el desgaste de La Moneda con la ley de género), y poniendo luego sobre la mesa las medidas más emblemáticas, como la red de clase media protegida. A fin de cuentas, son esos énfasis –y no otros– los que ayudan a configurar una discusión pública centrada en ejes más amigables para el gobierno actual.