Columna publicada en diario La Segunda, 7.12.13

 

Durante estas elecciones presidenciales ha existido una especie de debate en las sombras sobre el rol de la fe en el espacio público. Tomó intensidad cuando Matthei prometió a los evangélicos que en su eventual gobierno no se haría nada que fuera contra la Biblia. Los «liberales» de Twitter rasgaron vestiduras y recortaron frases ad hoc del antiguo testamento hasta el cansancio. Bachelet criticó a la candidata de la Alianza, recordando que en Chile, Iglesia y Estado están separados desde 1925 y, acto seguido, prometió a los evangélicos que su nueva constitución mantendría la libertad de culto, dejando sin explicación, eso sí, las razones por las cuales su programa propone borrar toda referencia religiosa de nuestras leyes y reglamentos.

El gesto de Matthei fue exagerado y algo forzado (¿desde cuándo tan bíblica?), y la reacción de Bachelet no menos estrambótica (¿alguien esperaba que se aboliera la separación de Iglesia y Estado o que se suprimiera la libertad de culto?). Pero más allá de ello, la pregunta que muchos se hicieron en los círculos de élite fue: ¿Por qué mezclar religión y política? ¿A quién le importa?

Para responder esto, debemos recordar que en Chile, según la última encuesta Bicentenario UC-Adimark, existen un 61% de católicos, un 17% de evangélicos, un 4% de creyentes de otras religiones y un 19% de agnósticos o ateos. Es decir, un 83% de creyentes, a los que, según la investigación, se suman un 12% de indecisos, dejando como saldo un 5% de ateos convencidos. La encuesta, además, nos aclara que los católicos se reparten de manera más o menos homogénea entre los grupos socioeconómicos, mientras que los evangélicos tienen una especial presencia en los grupos bajos y los ateos y agnósticos en los altos.

La fe, entonces, es cualquier cosa menos irrelevante para la mayoría de los chilenos, sólo que, producto de la secularización producida por la diferenciación funcional de la sociedad, ella ocupa hoy un espacio distinto al de otros sistemas como el económico o el político, que funcionan a partir de otros códigos. Esto hace que sea algo estéril tratar de obtener votos «en bloque» desde las iglesias, ya que su diversidad interna, política y social, es muy amplia. Sin embargo, también nos previene de pensar que discursos que promuevan el laicismo -la expulsión de la fe del espacio público- puedan tener mucho éxito, a diferencia de aquellos que promueven la laicidad, que es el respeto y colaboración entre iglesias y Estado.

El laicismo, además, pareciera no tener mucha razón de ser, si atendemos a la reflexión al respecto desplegada en el debate entre Habermas y Ratzinger, o en las obras de Charles Taylor: la fe es una fuente importante de sentido y cohesión moral en las comunidades políticas. No es un asunto relegable al ámbito privado, lo que no significa, tampoco, que no deba ser sometida al juicio de la razón en el espacio público: el diálogo entre fe y razón es posible y, tal como afirma Ratzinger, permite que se corrijan mutuamente en sus excesos.

Bachelet, entonces, debería eliminar desde su programa la voluntad de expulsar de nuestras leyes y reglamentos todo rastro de referencias religiosas. O al menos ofrecer razones públicas que demuestren que no se trata de la mera imposición de una confesión, el laicismo antirreligioso, sobre las demás.