Columna publicada en diario La Segunda, 16.11.13

 

Cuando se habla de renovación política se habla de un cambio en la forma del poder. Y estos cambios no son comunes. De ahí que cuando cada cierto tiempo surgen grupos alardeando que renovarán la política, sean mirados con sorna por quienes tienen más experiencia con el poder. »Más de lo mismo», dirán. Y tendrán razón la mayoría de las veces.

Sin embargo, hay momentos en que los cambios en la forma del poder son impulsados por grandes transformaciones que no son de un día para otro, ni son exclusivas de un país. Lo que sí es local es el modo de procesarlos, ya que la vida en común, a lo largo de generaciones, genera prácticas e instituciones que, junto a condiciones nacionales especiales, encausan de modo distinto los flujos y reflujos del poder.

La situación que vivimos hoy, en este sentido, no es de calma. Al mal estado del capitalismo financiero global (»capitalismo de amigotes») se suma la crisis de sentido de las democracias occidentales (»posdemocracias»), propiciada por la espectacularización de la política. Si miramos América Latina veremos una nueva ola de populismos surgidos en contextos de pobreza y desigualdad, que han simulado combatir esto con políticas de corto plazo que dañan el futuro económico y político de sus países.

En ese contexto, el caso de Chile tiene características propias: el régimen institucional de los últimos 30 años ha permitido un desarrollo económico sin precedentes, lo que se ha traducido en una gran disminución de la pobreza y en el crecimiento de las clases medias. Sin embargo, ha tenido como contracara cierta neutralización de la política (anclada, además, en retóricas de la Guerra Fría) y muy pocos avances en el acceso universal de calidad a ciertos bienes esenciales (como salud y habilitación cognitiva). Esto, además de una situación precaria en las mismas clases medias, cuyo acceso al consumo y a la educación superior está muy mediado por el crédito. A lo anterior se suma un cambio generacional que da protagonismo a perspectivas hedonistas y relativistas, que demandan que el estado sea un tutor de la subjetividad radical y sus caprichos, cargando la burocracia con las responsabilidades y el sujeto con los «derechos».

El empuje de grupos de presión de las clases medias por mayores seguridades, aumentando y desviando el gasto público desde los más pobres hacia ellos, ha impulsado a la izquierda a renovar su discurso estatista y ha anulado a una derecha cuyo discurso se centraba en el gasto social focalizado y la defensa de la empresa privada. Además, en su pragmatismo de corto plazo, muchos empresarios poderosos ven con buenos ojos el »pacto oligárquico» entre la oligarquía burocrática y la económica que ofrece la Nueva Mayoría, tal como el que consolidó el »estado de bienestar» chileno desde la constitución de 1925 hasta los 60 y que fue la antesala del proceso nacional-popular de los 70. Populismo que nace, en buena medida, de la miseria de quienes no pertenecían a las clases consolidadas y de la mediocridad económica que producen estos pactos.

En este escenario, la renovación política e intelectual es necesaria, especialmente en las izquierdas y derechas jóvenes, y la pregunta es si se adecuarán al nuevo pacto oligárquico o buscarán alternativas que se hagan cargo de la situación nacional sin dejar de lado a los que, por ahora, es más fácil dejar de lado.