Columna publicada en diario La Segunda, 10.08.13

 

La historia chilena de los últimos 30 años, marcados por el desarrollo económico y social, muestra un lento, pero progresivo, proceso de diversificación de sus élites, que en términos de Robert Dahl reflejaría el movimiento hacia una poliarquía (democratización). Un buen indicador de este fenómeno es la comedia mediática de acusaciones de «concentrar privilegios» entre los miembros de los distintos grupos que disputan el poder.

Esta diversificación implica un conflictivo proceso de ampliación en la diversidad de modos de vida considerados como legítimos, que se ve reflejada, por ejemplo, en la diferenciación competitiva de las ofertas educacionales de élite. A su vez, estas luchas legitimadoras se han visto impulsadas por la captura de la opinión pública por Twitter, que concentra profesionales de clase media globalizados y miembros de las élites progresistas, además de por el intenso lobby parlamentario de minorías organizadas. Uno de los resultados más evidentes de estas disputas es la llamada «agenda valórica», que engloba el debate acerca del «reconocimiento» como equivalentes de diversas opciones sexuales, reproductivas y maritales.

Frente a esto, suele pasar que los que consideran que la economía debe tener regulaciones morales, piensan que esto no aplica en el ámbito sexual, reproductivo y marital, ya que éste debería ser «ajeno a juicios morales tratándose de relaciones consentidas entre adultos», al tiempo que otros piensan justamente lo contrario. Ambos coinciden en que el Estado debe intervenir para evitar monopolios en el ámbito que consideran neutro («valórico» o económico).

Ante estas incoherencias, hay dos obvias opciones extremas. El problema de estas salidas es que el relativismo radical, que es una, tiende a descomponer los fundamentos de la vida en común. Por su parte, la regulación radical, que es la otra, pretende generar o mantener artificialmente formas de vincularse ajenas a la motivación moral de las personas, y, por tanto, utópicas. Así, las élites que optan por un liberalismo frívolo suelen disolverse (y arrastrar al resto) en la decadencia, y las que optan por intentar construir «la sociedad ideal» imponiendo irreflexivamente un modo de vida mediante la ley, terminan atentando contra la libertad y la democracia. Lo más paradójico de esto es que muchas veces se pasa del relativismo decadente al constructivismo social, y viceversa.

¿Qué opción queda? La de comprender que la sociedad no se agota ni en el Estado ni en el mercado, sino que descansa sobre un sustrato moral compuesto de costumbres, relaciones gratuitas, grupos intermedios y nociones sobre lo bueno y lo malo que la hacen posible, y que todas ellas pueden ser destruidas -pero no construidas- tanto por el relativismo irresponsable de las élites como por las empresas constructivistas de grupos iluminados.

Así, la pregunta de fondo en el llamado «debate valórico» parece ser por el equilibrio prudente y responsable entre promover la libertad individual como prerrogativa y como responsabilidad, cuidando sus fundamentos morales y comunitarios. Es un camino angosto entre dos abismos que debe ser tomado en serio por los políticos y es de vital importancia que la pregunta por cómo encaminarnos en él sea uno de los ejes del debate político de estas elecciones, ya que tal cosa requiere de un liderazgo claro y renovador, no de ofertones que busquen el aplauso fácil de los imprudentes.