A ratos parecía que todos estábamos de acuerdo con que el voto fuera voluntario. Mal que mal, así lo dice la Constitución tras una reforma del 2009. Pero el consenso era aparente. Se han alzado voces críticas. Un argumento común es que los sectores más vulnerables votarían menos, lo que causaría su descuido por parte del poder político hacia esos ciudadanos a los que no les debe su apoyo. Pero, ¿no es derecho de cada uno decidir si vota o no? ¿No tienen los derechos preeminencia sobre estas consideraciones de política pública?

En realidad el voto debe ser obligatorio. La razón es simple. Si elegimos vivir en democracia, es porque creemos que ésta es mejor que otras formas de gobierno. En particular, tiene la ventaja de aumentar la legitimidad de los gobernantes frente a los gobernados, al ser estos últimos quienes tienen la decisión final sobre quién resulta elegido. Además, la democracia obliga a tomar en cuenta los intereses de los ciudadanos, lo que hace más probable un gobierno que se preocupará del bien de todos y no sólo de los gobernantes, favoreciendo el control del poder estatal por parte de los ciudadanos.

El punto es que estas y otras ventajas dependen de que los ciudadanos voten. La democracia depende del voto, así como el gasto público de la tributación. Si queremos vivir en una democracia, es lícito establecer una carga proporcionada e igualitaria entre los ciudadanos para mantenerla en buen estado. Se podría objetar que votar es un derecho, no una obligación. Pero, como recordara W.N. Hohfeld, un derecho puede ser también un deber. Un padre tiene el derecho de educar a su hijo y también el deber de ejercer ese derecho. No es lógicamente incompatible el derecho a voto con el deber de ejercerlo.

¿Y no deberíamos preservar el derecho de una persona de expresar su desafección con el “sistema” mediante la no participación en las elecciones? Esta objeción está abierta a múltiples reparos. Nadie puede creer que todos los que no participarán de una elección lo harán para defender algún principio. En su mayoría será por apatía o simple falta de interés. No veo qué hay en esta actitud que merezca su protección como un derecho.

¿Y qué pasa con los que genuinamente desean expresar su desafección del sistema? Sería la más inútil de las formas de expresar esa idea, pues su acto de protesta se confundiría con la abstención de los apáticos. Además, se puede expresar la desafección al sistema mediante el uso normal de la libertad de expresión. Pero el punto más importante es que la libertad de expresión no justifica todos los medios, y en particular no justifica la infracción de deberes cívicos. Yo no puedo manifestar mi desacuerdo con el sistema tributario negándome a pagar mis impuestos. Tampoco debiera poder hacerlo respecto del voto.

Se dirá que esto ya está zanjado, pues la Constitución ya consagra el voto voluntario. Pero lo que entró en la Constitución puede salir de ahí. Vale la pena tener una conversación seria sobre nuestros deberes cívicos. ¿No debería un gobierno de derecha promover una discusión de este tipo?

El primer lugar fue para Enrique Campusano y su ensayo “La historia de José”. Alumno de IV medio del colegio Montemar, de Viña del Mar, el autor aborda en su trabajo la importancia de la confianza en la sociedad y la necesidad de educación cívica.

“Para construir una sociedad con relaciones verdaderamente humanas debemos cambiar la actitud de los chilenos, ampliar sus conocimientos acerca del Estado, de la propiedad pública y privada, el trato hacia el prójimo y otros aspectos que abarquen iniciativas transversales que comprometan y mejoren las relaciones sociales. El primer paso debe ser logrado educando cívicamente a la población para luego profundizar en temas esenciales como la ética y la conciencia de cada uno”, se afirma en el ensayo ganador.

El segundo lugar se lo llevó Catalina Nash, alumna del colegio Antonio Rendic de Antofagasta con su ensayo “Qué tan humanamente nos estamos relacionando”. Finalmente, el tercer lugar fue obtenido por Emilio Ahumada, también alumno del colegio Antonio Rendic y autor del ensayo “De la calle al pensamiento. ¿Cómo son las relaciones humanas?”.

Más de 200 trabajos provenientes desde distintos puntos del país fueron recibidos en esta II versión del concurso, único en su especie a nivel nacional. La pregunta “¿Cómo nos estamos relacionando?” fue el puntapié inicial para los ensayos que participaron en el certamen, el cual convocó a establecimientos educaciones desde Arica a Punta Arenas. El objetivo fue generar una instancia de pensamiento y discusión para estudiantes secundarios, orientada a considerar en profundidad temas socialmente relevantes.

Para esto, se trabajó con un jurado de excelencia: Pedro Gandolfo (crítico literario del diario El Mercurio), Héctor Soto (abogado, periodista y columnista de diario La Tercera) e Ignacio Naudón (Ex Director Nacional del INJUV). Dicha comisión fue la encargada de deliberar sobre los ensayos seleccionados y de determinar los doce trabajos finalistas que pasaron a formar parte de una antología de la editorial IES. El volumen, lanzado el día de la premiación, gozará de distribución a nivel nacional a través de distintas librerías del país.    

La iniciativa contó además con premios de primer nivel para los tres primeros lugares (Ipad, Netbook y Kindle, respectivamente) y otros premios para los profesores que patrocinaron a los ensayos ganadores. Ideas Jóvenes cuenta con el auspicio de Banco Santander y Enersis, y con el patrocinio del INJUV e ICARE.

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Se ha instalado la idea de que es necesario eliminar o reducir el impuesto a los libros, ya que ello traería consigo un incremento en la compra de un producto que es beneficioso para las personas. Es necesario analizar el fenómeno con mayor detención, distinguiendo las variadas aristas que complejizan el panorama, y ver qué hay de cierto en dicha aseveración.

Dentro de los pocos datos existentes que pueden iluminar el problema se encuentra la encuesta que viene realizando hace algunos años la Fundación La Fuente junto a la empresa Adimark. Su última versión, correspondiente a 2010,revela una inquietante cifra: un 52,8% de los chilenos se reconoce como “no-lector”, es decir, como personas que nunca o casi nunca leen libros. Puesto en simple, menos de la mitad de los chilenos lee un libro al menos una vez al año.

Dos detalles más: ante una posible disminución del IVA, 4 de cada 10 de los no-lectores señalan que comprarían más libros; de los que sí leen, asciende a 7 de cada 10. Esto significa que la mayoría de los que hoy no compran libros tampoco lo harían si los precios fueran más bajos, aunque sí aumentaría la cantidad de libros vendidos.

Pero una de las cifras más reveladoras señala que menos del 7% de los encuestados es socio o ha sacado un libro de una biblioteca en el último año. El panorama, por lo tanto, es bastante complejo. Si el alto precio de los libros es un impedimento tan grande para la lectura, uno tendería a pensar que las bibliotecas públicas –como las municipales o las de la red de Bibliometro– estarían llenas de gente y con la continua necesidad de adquirir más títulos para sus estanterías siempre demandadas. Pero el panorama no es así. Con gloriosas excepciones, las bibliotecas públicas resultan ser lugares bastante desolados.

Efectivamente, el precio de los libros en Chile es alto y podría bajar con una disminución del IVA. Pero una persona que hoy no está dispuesta a pagar 15.000 pesos por un libro nuevo, no lo hará tampoco si el precio se reduce a 12.000. Los que ya compran libros serían los principales beneficiados con esta medida, puesto que podrían continuar con las prácticas de consumo a precios más bajos. Pero más que eso, se hace necesario el desarrollo de políticas que incentiven el uso de las bibliotecas y de las organizaciones que ya tienen ese tipo de recursos y que son infrautilizados.

Si el debate en torno a cuánto leemos los chilenos se reduce a la imperiosa necesidad de bajar el precio del producto, se simplifica con ello la visión que tenemos de la cultura. La comenzamos a ver como una cualidad que se puede medir por medio de cifras de consumo, y no como la capacidad de crecer en raciocinio, valoración estética y espíritu crítico. Se vuelve así a la falacia de que a mayor compra de libros, mayor acceso a la cultura. ¿No estaremos valorando el libro en función del estatus social que supuestamente entrega? Más allá de nuestro poder de adquirir libros, lo que verdaderamente importa es nuestra capacidad de apropiarnos de su contenido y de distinguir las visiones de mundo que allí se contienen. La sola compra no significa un mayor cultivo de la persona.

Si no estamos dispuestos a dar un paso adelante en el incentivo de la lectura y del aprovechamiento de las instancias culturales que ya están disponibles –y que muchas de las veces son gratuitas o mucho más baratas que comprarse un libro nuevo– seguiremos considerando que el precio de los libros nos sumerge en la ignorancia. Podemos culpar al alto precio del libro de nuestros escasos índices lectores, pero las cifras llevan a pensar que el IVA no es el principal responsable del panorama en que vivimos. Porque si como sociedad de verdad queremos leer, las bibliotecas públicas, los libros usados, los textos disponibles en internet o el uso eficaz de los libros familiares y de amigos son sólo algunas de las miles de instancias que pueden alimentar nuestro interés por las ciencias, las humanidades y el arte. Efectivamente, comprar libros nuevos es caro, pero existen múltiples alternativas para aprovechar la lectura de libros como una oportunidad única de cultivo del espíritu humano.

“La preocupación por las víctimas se ha convertido en una competencia paradójica de rivales miméticos, de oponentes que constantemente intentan derrotarse (…) las víctimas que más nos interesan son siempre aquellas que nos permiten condenar a nuestros prójimos. Y nuestros prójimos hacen lo mismo. Siempre piensan primero en las víctimas por las cuales nos responsabilizan”

René Girard, en Veo a Satán caer como el relámpago

Chile se acerca a un peligroso consenso definitivo respecto a lo ocurrido en nuestro país entre 1973 y 1990. Ese consenso es la condena “a las horrendas e injustificables violaciones a los derechos humanos cometidas por organismos del Estado”, hoy repetida de punta a cabo del territorio nacional por la derecha y por la izquierda.

El peligro está en que dicho consenso no es más que un conjuro, una fórmula mágica, para constatar lo obvio (violar derechos humanos es algo malo y debe ser condenado), reconocer que en Chile ocurrieron violaciones a los derechos humanos, y marginarse a uno mismo de toda sospecha de pretender que tienen alguna justificación.

El origen del conjuro tiene su propia historia: la lucha de familias, Iglesia y algunos políticos, por que se dieran a conocer públicamente muchos sucesos que nos enfrentaron directamente a lo indecible y a lo impensable; hechos negados y varias veces ignorados por buena parte de la población nacional. En tal contexto, el reconocimiento de lo sucedido efectivamente era el primer paso para poder aclarar preguntas tan simples y urgentes como ¿dónde están?, o ¿quién es responsable de esto ante la ley?

Tal movimiento de denuncia y de fijación en la realidad de hechos ocurridos, plenamente justificado, fue luego explotado como una forma de obtener legitimidad política a partir de la representación de la posición de las víctimas por parte de la Concertación, que montó una enorme industria cultural centrada en el tema cuyo último capítulo son Los archivos del cardenal. La legitimidad ganada a partir de tales acciones permitía que la condena a la derecha -de la cual eran y son parte muchos admiradores y colaboradores del gobierno militar- fuera no sólo de carácter ideológico, sino que moral. La derecha, se repetía, es el victimario. Nosotros, la Concertación, la víctima redentora.

La versión de la derecha, por su parte, centrada en los hechos ocurridos antes del golpe de Estado de 1973 y en los numerosos actos terroristas que grupos armados desarrollaron en el territorio nacional, varía entonces hacia una condena “total” a las violaciones de los derechos humanos, sin negar la necesidad del golpe y las virtudes del gobierno militar, pero evitando opinar demasiado al respecto. “Hay que dejar el pasado en el pasado”, dijeron.

Sin embargo, el constatar lo ocurrido y repudiarlo no tiene capacidad explicativa. Podemos volver una y otra vez a un caso de violencia política, secuestro, violación, tortura, asesinato y/o desaparición, y sentir una indignación moral infinita. Mil veces podemos decir: “esto no puede ser”, y constatar que fue. Y concluir que eso no debe ser. Pero el paso que no nos hemos atrevido a dar seriamente es el de preguntarnos lo siguiente: si no debe ser, ¿cómo es que pudo ser?

Y la respuesta a esa pregunta es la que permanece bloqueada. El temor a justificar la violencia y el odio han hecho que tampoco quiera darse mayores pasos en el intentar entender cómo es que funcionan en los seres humanos.  Se pretende mantener la imagen de una violencia simplemente gratuita, sin sentido y, por toda explicación, ofrecer culpables.

Ante tal situación, resulta enormemente necesario que las nuevas generaciones nos hagamos cargo de lo ocurrido en dos sentidos distintos: uno, casi completado por la generación anterior, es el de la fijación de responsabilidad directa por los hechos y la persecución a los culpables (justicia) y otra, la nueva dimensión, es el estudio preventivo de los mecanismos del odio y la violencia que, al operar, fueron creando condiciones para que algo así fuera posible.

La segunda tarea nos empuja directamente a los años 60 y 70 del siglo XX. Al lenguaje utilizado, las consignas, la forma de las ideologías, el proceso justificatorio de la violencia, las amenazas, la construcción del antagonismo irreconciliable. Y luego, bajo esa luz, penetrar en la segunda mitad de los 70 y en los 80 para comprender cómo es que el odio toma diversos cauces.

Orientar en ese sentido las instituciones y políticas creadas por la Concertación con afán de construir “memoria” y extender su industria cultural, debería ser una política de gobierno. Y ojalá éste contara también con el apoyo de la propia Concertación para lograrlo, ya que es el interés de la nación el que parece comprometido en ello. Asimismo, la investigación académica sobre la violencia y el odio debería ser estimulada: es sólo a partir de la comprensión cabal y reflexiva de aquello que queremos negar cuando decimos “nunca más” cuando esa consigna adquiere real sentido. El verdadero “nunca más” no se dirige exclusivamente al acto violento, sino a las raíces de su propia posibilidad.

Así, lo que podríamos lograr sería una reconciliación nacional verdadera sobre la base de entender cómo es que la violencia y el odio operan en los seres humanos, cómo fue que nuestra sociedad fue arrastrada por sus mecanismos, y cómo podemos prevenir que ello ocurra de nuevo.

Hoy existe mundialmente un “turismo de la indignación moral” -del cual diversos ex centros de tortura chilenos forman parte junto a los campos de concentración nazi y los montones de huesos humanos dejados por Pol Pot en Camboya- que nos pone frente al resultado final del odio, a su producto. Sin embargo, en la medida en que el tiempo pasa, esa indignación disminuye. No sentimos ya a las víctimas lejanas. La distancia muele el horror de esas experiencias y las convierte en datos de otra era, dejándonos expuestos a no aprender. Recordemos simplemente que entre 1891 y 1973 hay menos de 100 años y harta barbarie intermedia. Si no somos capaces de reflexionar universalmente respecto al odio y la violencia que estos eventos tienen en común, y extraer de esa reflexión criterios y normas generales que nos ayuden a prevenir estos fenómenos, a conocer sus signos, estamos condenados a que algún día, próximo o lejano, nosotros, nuestros hijos o nuestros nietos, atrapados ya en el espiral mimético de la violencia, despertemos o despierten sólo para engrosar las filas de la legión de la miseria humana.

Lo que sucede en una sociedad no es un conjunto de hechos brutos y mudos. Comentamos las cosas que pasan, opinamos y construimos un discurso en el que no sólo describimos lo que sucede, sino también evaluamos normativamente. Juzgamos, comparamos, aprobamos y rechazamos. En sentido más literal, reflexionamos sobre nuestra realidad social, la reflejamos en el habla.

Al terminar 2011 lo recordaremos como un año socialmente convulsionado: prácticamente no ha habido semanas sin disturbios o desórdenes, tanto en el espacio público como también en las pretendidas ágoras democráticas. Hay una violencia –a veces latente, otras veces manifiesta– que está enhebrando nuestro ser–político. En ningún caso me limito a la “violencia encapuchada”, sino también al ambiente –por momentos enrarecido– de confrontación y oposición radical. Lo característico del conflicto violento es, como decía Hegel, buscar anular al otro. Al Presidente no hay que corregirlo, hay que sacarlo; a los manifestantes no hay que darles vías de expresión, hay que detenerlos.

A mi juicio, hay algo tanto o incluso más grave que la violencia: su legitimación. Cuando un asaltante ataca un servicentro y se lleva dinero y comida, recibe el reproche de la sociedad. Ese es el tipo de cosas que consideramos ilícitas para redistribuir la riqueza. Por lo mismo, por muy necesitado que esté el asaltante, por muchas dificultades económicas que tenga su familia, no legitimamos un acto violento de esa clase. En efecto, el fin puede ser noble –alimentar a su familia–, pero no garantiza de ningún modo que sean nobles los medios escogidos.

Cuando estudiantes secundarios, universitarios o sus apoderados deciden –incluso a través de una asamblea democrática– tomarse un establecimiento educacional o alguna institución del Estado como un ministerio o una sesión del Senado, tenemos que reconocer, en primer lugar, que se trata de un acto violento: lo que se pretende es impedir el funcionamiento regular de la institución. Prácticamente todas las veces, involucra también la fuerza física (aunque no haya heridos o destrucción de infraestructura). Ante el cuestionamiento, los interpelados afirman que están “luchando por la educación pública”. Al ser así, sería impensable cuestionarlos: ¿acaso no somos todos los que queremos una educación de calidad para todos? ¿No es acaso una causa nobilísima, por la que vale la pena luchar?

Esto parece ser plausible, pero miremos con más detenimiento la situación.

Si hablamos de legitimidad, hay que distinguir siempre si es que estamos hablamos del fin o de un medio. El acto de tomarse una facultad no es en sí mismo, sino “luchar por la educación pública”: se puede luchar por ella de muchas maneras. Retomando el ejemplo anterior, hay muchas formas para que un ciudadano alimente a su familia, siendo el robo al servicentro sólo una de esas formas. La toma es un medio, no fin y por lo mismo, hay que juzgarlo como lo que es: un acto violento.

En un contexto democrático no cabe duda de que es legítimo, recomendable e incluso necesario que se introduzcan demandas de manera crítica a un sistema que es considerado injusto por parte importante de la población. Lo que no es legítimo, ciertamente, es la incorporación de medios violentos para obtener tales fines.

Vuelvo a insistir en el punto: quizás más grave que la violencia, es su pretensión de legitimidad. La utilización de la fuerza física o la agresión verbal –que prolifera en las “marchas pacíficas”– tienen por objetivo último la eliminación del otro. Si estudiamos, por ejemplo, las discusiones políticas entre los años 20 y 30 en Alemania durante la República de Weimar, vemos un nivel de agresividad significativo: caldo de cultivo para el Nacional Socialismo. Bastante más cerca tenemos nuestros años 60 y 70, cuyos resabios de violencia política –primero discursiva y luego física– estamos comenzando a revivir.

Nos estamos acostumbrando a pensar que la legitimidad del fin perdona la ilicitud de los medios. La reflexión que la sociedad hace sobre sí misma debe tener presente que los medios violentos inevitablemente dañan la sociedad, tanto física, moral e institucionalmente y que, por lo mismo, deben ser repudiados. La legitimación social de la violencia constituye el primer paso para devenir en una sociedad vuelta contra sí misma. Mucho más grave todavía es cuando esta legitimación la realizan los mismos legisladores (caso Girardi).

Somos muchos los que esperamos que los líderes del movimiento estudiantil manifiesten un repudio consistente y constante a los actos de violencia que, indirectamente, surgen desde su cruzada. ¿Por qué hay tanta ambivalencia al respecto? Qué lástima ver que la convicción y pasión que han mostrado en contra del gobierno no sea, al mismo tiempo, un rechazo contundente a los medios violentos. No ha habido una reflexión normativa sobre este tipo de acciones, por lo que podemos parafrasear el dicho “el que calla, otorga”.

Se ha aprobado en el Senado un proyecto de ley que pretende acabar con toda forma de discriminación en nuestro país. Sin mayor reflexión, es esperable que la opinión pública coincida en que sólo se trata de buenas intenciones, y que discrepar de esta iniciativa resulte absolutamente impopular. Pero, por otro lado, es al menos pecar de inocentes pensar que todo tipo de elección producto de nuestra capacidad –racional– de seleccionar entre distintos elementos es negativa per se.

La llamada Ley de no discriminación califica de “arbitraria” prácticamente toda clase de discriminación. Cosa curiosa cuando el ser humano es capaz de optar de acuerdo a un sinfín de motivos, impulsado precisamente por su naturaleza racional. Si se quisiera, por ejemplo, crear una organización para judíos con el fin de discutir temas que son afines a dicha comunidad, ¿se estaría discriminando al no invitar a católicos? Efectivamente, pero no de un modo arbitrario. No hay arbitrariedad cuando se ejerce legítimamente el derecho a asociarse. El derecho a elegir, a asociarse o a expresarse, resulta en decisiones que ciertamente conllevan cierto grado de discriminación, pero que emanan del ejercicio de la libertad que toda sociedad democrática y pluralista debiera proteger. Es deber de nuestro ordenamiento jurídico y de nuestras autoridades no sólo respetar, sino también garantizar las condiciones necesarias para que como sociedad podamos gozar de dicha libertad.

¿Podremos, con esta nueva ley, crear establecimientos educacionales especiales para alumnos deportistas de alto rendimiento? ¿Tendremos la posibilidad de crear centros de estudios dedicados a investigar a favor de un partido político? ¿Podremos mantener los clubes destinados a la congregación exclusiva de personas de una determinada ascendencia? Cabe preguntarse si no se estará desvirtuando la naturaleza de las instituciones y de los derechos que legítimamente podemos exigir.

Por otro lado, resulta al menos cuestionable que un proyecto de ley pretenda regular los actos discriminatorios sin considerar las normas ya establecidas en la Constitución y las leyes chilenas. Porque ya desde 1980, la Constitución Política de la República reconoce la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y garantiza su ejercicio a través del recurso de protección, a la vez que condena los actos arbitrariamente discriminatorios. Esta ley de no discriminación desconoce, por lo tanto, la regulación ya existente en nuestro país. La libertad de conciencia y de culto, la libertad de enseñanza, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica son, entre otros, derechos protegidos actualmente por nuestra Constitución, y que suponen discriminar para marcar una preferencia. ¿Cómo compatibilizar dichas libertades con una ley que anula todos estos derechos, basándose solamente en si hubo o no discriminación de por medio?

Adelantándose a la ley y a los tratados internacionales, se introducen conceptos que aún no han sido zanjados, tales como “género” y “orientación sexual”, estableciéndolos como criterios determinantes para calificar una conducta de arbitraria y, por lo tanto, discriminatoria. El resultado inevitable de esto será que la interpretación subjetiva de conceptos de orden valórico y moral quedará a manos de los jueces de primera instancia. Caso a caso, serán ellos quienes tendrán que manifestarse según sus propias creencias y opiniones. La jurisprudencia y seguridad jurídica, por lo tanto, indudablemente se verán afectadas.

La magnitud de las consecuencias expuestas lleva a pensar que lo que se pretende no es presentar un proyecto de ley común, sino más bien interpretar la Constitución, lo que necesariamente requiere de un procedimiento y un quórum distintos. Nos encontramos frente a un proyecto que no sólo desconoce garantías constitucionales, sino que incluso aspira a sancionarlas.

Ejerciendo su legítimo derecho a proponer, un grupo de personas se encontró con autoridades condescendientes y con una tendencia a olvidar los procedimientos legislativos obligatorios de nuestra regulación. ¿Quiénes son los llamados a poner orden en las instituciones y respetar nuestras garantías y derechos? ¿No bastaba con poner énfasis en aplicar la Constitución y condenar las discriminaciones arbitrarias? ¿No será que el proyecto esconde otro tipo de intenciones para imponer en nuestra sociedad?

En vez de garantizar el pluralismo, la aprobación de esta ley convertirá todo acto en escenario de posible discriminación. En vez de proteger nuestra libertad, esta ley nos hará sus esclavos.

La acción humana siempre está atrapada en el problema de su circularidad: al huir de aquello que pretendemos negar con demasiada vehemencia, terminamos llegando a abrazar de forma acrítica exactamente aquello de lo que huíamos.

¿Ejemplos? Toda la historia. La beatería que termina convirtiéndose en atalaya acusatoria e incompasiva; el joven idealista humanista que concluye sus días asesinando gente inocente en nombre de la revolución; el hombre que, por haber logrado arrancar de la miseria, no siente luego deber alguno frente a quienes están hundidos en ella; quien para mantener a su familia y entregarle un mejor futuro a sus hijos, se entrega a su trabajo hasta perderlo todo. Y un largo, infinito, etcétera.

Toda tradición popular tiene ejemplos de ese “ir por lana y salir trasquilado” que marca a fuego nuestros actos en el mundo. En nuestro actuar y pensar, parecieraque cada vez que perdemos la tan complicada mesura y prudencia necesaria,entramos a estas ruedas infernales. Un día amanecemos y somos lo opuesto a lo que queríamos ser.

Imposible no pensar en ello cuando, al enfrentar las universidades sus procesos eleccionarios de federación de este año, todo el país tiene los ojos puestos en ellas y en la sombra partidista proyectada sobre el desplazamiento de las filas frente a las urnas.

¿Qué pasó? ¿Por qué aparecen Max Marambio, Claudio Orrego y diputados comunistas, entre otros, felicitándose y felicitando públicamente a un grupo político universitario por su justo triunfo en la Universidad Católica? ¿Por qué estitular de los diarios? ¿Por qué muchos grupos políticos llaman abiertamente a seguir con paros o tomas hasta perder el semestre universitario?

Lo que ha ocurrido es que la universidad se ha politizado en una forma particular, y a esa forma particular se le llama instrumentalización. Ha dejado de ser pensada por buena parte de la sociedad y de muchos estudiantes como un espacio de reunión en torno al compartir el saber o como un instrumento certificatorio en el camino profesional individual. Ha dejado de ser pensada académica o profesionalmente. Ha dejado de ser pensada. En ella se ve una masa más o menos moldeable de votantes, cuadros, carne de cañón movilizatoria. Ni siquiera se le exige participar de las demandas de modo universitario, no. A la calle es la consigna. No a los libros. No al diálogo. Por eso deben permanecer paradas o tomadas si es necesario hasta que desaparezcan.Porque ¿qué valor tienen sien realidad son una excusa para otra cosa?

Frente a esto, cualquier sea el color de nuestras creencias, quienes apreciamos la universidad deberíamos expresar el más completo repudio. Sin  embargo, muchos rectores (¡RECTORES!) han guardado el más completo silencio, animados por espíritus partisanos o simple cobardía.

El círculo se cierra al constatar que la lucha es, supuestamente, “por la educación” o “por la universidad”. ¿De qué educación estamos hablando? ¿De qué universidad? ¿Se está luchando desde la Universidad por la Universidad? ¿O desde dónde? ¿Y contra qué?

Para muchos, esta forma de politización aparece como algo sano, positivo: se recupera la política en espacios antiguamente despolitizados, anómicos. Pero aquí hay una confusión.Es distinto que una universidad sea un espacio despolitizado -en el sentido de no ser entregada como instrumento a los intereses políticos de ningún bando- a que la universidad esté despolitizada porque sus estudiantes no saben ni les interesa para nada abordar los asuntos de la polis, de nuestra convivencia. La defensa de la primera es un acto profundamente político, lleno de sentido. Es un acto que declara una voluntad fundada en principios y en una concepción del orden del mundo. Pero la segunda es pura anomia. Promoción de la anomia. Y muchos grupos, a favor y en contra de la despolitización, las han confundido. Han confundido despolitizar espacios con despolitizar personas, que es sinónimo de idiotizarlas. Hacia eso iban muchas de las críticas vertidas contra FEUCs de años pasados.

Por lo demás, los efectos de la politización con forma de instrumentalizaciónhablan por sí solos en universidades como la Chile, instrumentalizada desde hace años: baja participación, una FECH prácticamente ajena a todo lo que ocurre al interior de la Universidad, anomia. Despolitización de la mala, finalmente, para la mayoría del estudiantado.

Así, defender hoy y siempre a la universidad de sus formas anómicas de politización y de despolitización, rompiendo con ello la tragedia en la que estamos sumergidos, demandará la acción decidida en dirección de la mesura de estudiantes, dirigentes y autoridades. Si esto no ocurre, alguna horda terminará por proclamar la victoria o la derrota estudiantil sobre las ruinas definitivas de muchas de las hoy transitorias ruinas de nuestras universidades.

La actual discusión sobre la “nueva derecha” y los encontrones ideológicos entre conservadores y liberales que han comenzado a darse en la prensa y las redes sociales hacen que sea muy necesario que “el sector” mire su historia y retome intentos de articulación del pasado para no comenzar a trabajar desde cero. De entre ellos, creo que el esfuerzo intelectual que parece haber emprendido Jaime Guzmán en su último período es de los más interesantes disponibles.

Tres tradiciones políticas e intelectuales tienden a converger en la derecha chilena: la católica, la liberal y la conservadora. La católica mezcla su historia con la del partido conservador en muchos puntos, pero adquiere forma y sentido a partir de la facultad de derecho de la Universidad Católica y el conjunto de intelectuales que la propicia y que de ahí surgen. La liberal tiene dos momentos: el republicano y el libremercadista, siendo más romántica, laicista e ilustrada en el primer período y más pragmática en el segundo, convergiendo en cierta medida con el conservadurismo. Por último, la tradición conservadora, que es de raíz republicana (a la romana), autoritaria y nacionalista.

La historia intelectual de estas derechas refleja el inmenso aporte que, en sus encuentros y desencuentros, hicieron al país. El siglo XIX tiene grandes intelectuales liberales, como Vicuña Mackenna y Barros Arana, y eminentes políticos católicos, como Abdón Cifuentes. El XX será, sin duda, el siglo de los conservadores, siendo sus mayores estandartes Encina, Edwards y Góngora.

Ahora bien, la pregunta que creo que es importante en el contexto actual –en que fuertes grupos de presión exigen respuestas a la derecha, que tienen que ver con delinear un proyecto, un horizonte de acción– es si la derecha chilena contiene alguna promesa en su tradición que pueda operar como ese horizonte. Repasando rápidamente, la oferta de la derecha podría concentrarse en tres elementos: orden (autoridad), progreso (ilustrado y/o material) y libertad (negativa o católica). Sin embargo, si uno cala más profundo en las ideas del sector, encontrará dos antropologías en tensión que prácticamente se anulan y llevan a que hoy Piñera pueda simplemente prometer “progreso hasta tener números de país desarrollado”.

Esas antropologías son: primero, la católica, comunitaria, que considera al hombre un ser perfecto pero cuya naturaleza está “dañada” o “caída” y cuya libertad reside en poder seguir a Dios (que en esa tradición se manifestaría como gracia o amor) aun pudiendo, por “insondable misterio” (el misterio del mal), elegir el apartarse de él y afirmarse a sí mismo. Luego, la antropología utilitarista economicista, individualista, que considera que el hombre es simplemente como es: inconstante, perezoso, interesado y deseoso de seguridad, y ofrece a tal ser un mundo donde sus expectativas puedan verse aseguradas y sus deseos medianamente satisfechos sin tener que enfrentar terribles conflictos por la convergencia de intereses sobre medios escasos para su satisfacción.

Los intentos serios de acercarse desde una antropología a la otra no han prosperado mucho. Eso hace que el debate entre “las dos almas” termine siempre más bien en una pelea y en acusaciones cruzadas. En ello hay sin duda una deuda intelectual.

El último que intentó una aproximación entre ellas fue Jaime Guzmán Errázuriz, quien, en su último período de pensamiento, que resultó desconcertante para muchos, se abrió desde su consistente posición política y teológica –notable síntesis entre conservadurismo y catolicismo en la que confluyen los más destacados pensadores y políticos de la derecha de la segunda mitad del siglo XX– hacia las elaboraciones teóricas de Friederich Hayek. En éstas pudo reconocer elementos compatibles que permitían integrar su convicción de que no había una tercera vía entre capitalismo y comunismo con los principios que habían guiado siempre su vida. No por nada el trabajo de Michael Novak, centrado en mostrar la profunda compatibilidad que existiría entre capitalismo y catolicismo, capturó su atención hacía el final de sus días, en los que bogaba por un orden democrático capitalista pero empapado por un espíritu
católico de compromiso que debía proyectarse principalmente desde los liderazgos políticos y el servicio público (de ahí su famosa frase donde advierte que si se pierde esa vocación “nuestras ideas, nuestros principios ¡nuestros valores! se van a perder y no se quejen después del Chile que van a vivir sus hijos … quizás con los bolsillos llenos, pero con las almas vacías”).

El trabajo de Guzmán, sin embargo, parece haber quedado entregado, como dijeran Marx y Engels, a la “crítica roedora de los ratones”. Poco se hizo por retomar este movimiento teórico con posterioridad.

Hoy, cuando se le exige a la derecha una perspectiva para abordar el desarrollo del  país, bien haría, en vez de emprender guerrillas internas, en fomentar el  diálogo entre los intelectuales y políticos vinculados al sector para  poder articular disensos y consensos en una tensión virtuosa que sea una mesa  en torno a la cual puedan convocar a la participación de un proyecto de país a  personas con visiones distintas.

Retomar en serio la obra de Guzmán y leer de verdad a Hayek y a Novak, por ejemplo, podría ser un buen punto de partida.

En el panorama cultural chileno no faltan ofertas. Hay, de mayor o menor calidad, una  serie de espacios que se han instalado con sus productos culturales, como
teatros y cines, galerías y museos, además de festivales de todo tipo que  exhiben obras nacionales e internacionales de primer nivel. Dentro de todo esto hay un área de la oferta cultural que llama la atención: la televisión. De  acuerdo con la última encuesta del CNTV, el promedio de los chilenos ve cerca  de cuatro horas diarias de televisión –con más de dos horas que corresponden a señal  abierta–, lo que contrasta enormemente con los niveles de insatisfacción, que  sobrepasan al 60% en el caso de la tv abierta. La crítica a la televisión ha  sido amplísima, y si no estamos satisfechos con lo que se nos ofrece, ¿por qué  la seguimos viendo tanto? Si encontramos que allí se pasa a llevar la dignidad de las personas, si la encontramos violenta, vulgar y con contenidos no adecuados, ¿por qué tiene tan altas audiencias? Aumentan las demandas al CNTV y las críticas en los diarios y en las conversaciones cotidianas; pedimos más cultura en la televisión, pero a la hora de las cifras, es imposible que este  tipo de programas le quiten audiencia a la última teleserie de Sabatini.

La guerra por el rating obliga a utilizar una serie de recursos que despierten la curiosidad de los espectadores. De ese modo, las ficciones de  época o con un anclaje en la realidad –solo por mencionar, respectivamente, los  utilizados en La doña y Su nombre es Joaquín, las teleseries de  turno– llaman la atención, producen un interés genuino en los espectadores y  son el primer golpe en la guerra por el rating. Además de aquel barniz histórico de las ficciones televisivas,  un punto clave radica en tocar temas de interés público. De ese modo, el abuso de poder, la vulnerabilidad de la mujer ante la violencia intrafamiliar o los dilemas psicológicos ante el aborto generan empatía entre los personajes y el público, generándose de ese modo un lazo emocional efectivo. El rating masivo –donde cada punto de rating significa que más de 18 mil televisores sintonizaron ese programa– es entonces un elemento complejo. Hay empatía por medio de la cual nos identificamos con los personajes, nos hacemos una idea –quizá errónea, quizá cierta– de cómo era el estilo de vida de un personaje histórico en una época determinada; al mismo tiempo, encontramos deficiente la calidad de la programación, estamos descontentos con su contenido, queremos más cultura y menos farándula; menos sexo y violencia, más dignidad y respeto.

Se agrega además otro factor: hay tras bambalinas un enorme desarrollo tecnológico. La calidad de la señal aumenta, el sonido y la imagen parecen superarse cada día, las instalaciones, escenografías y vestuarios se desarrollan de manera innovadora y brillante y se añade la tecnología de los efectos especiales. Por otro lado, la señal digital deja entrever una mayor variedad de señales –aunque no necesariamente de contenidos– que ampliarán la oferta y aumentarán la competencia por el rating, especificando a su vez las audiencias.

En fin: hay audiencias, hay tecnología. Hay empatía real con los personajes, pero no estamos satisfechos con el producto. Ciertamente diría que es posible invertir esas cuatro horas diarias de televisión en otra cosa, pero la solución también va por el lado de lograr efectuar un diagnóstico certero. Se puede comparar con la educación: nos hemos preocupado, como país, de desarrollar una infraestructura destacada dentro de la región, con tecnología de punta e instalaciones que permitan un desarrollo integral de los estudiantes. Pero al mismo tiempo hemos descuidado la calidad de los contenidos, el entusiasmo gratuito por el conocimiento y el encuentro académico real. El problema es que la televisión –al menos por ahora– desconcentra y entretiene, pero va avanzando a pasos agigantados hacia un vacío de contenido. Ya debe, cada día, luchar por superar su violencia y su erotismo para lograr más audiencias, siendo pocos los programas que pueden cautivar a su público desde una historia interesante o desde la belleza de una experiencia. El molde de la historia que asegura a su público ha terminado por ser un molde aplicable a cualquier época o a cualquier problemática, atrofiando la innovación y obligando siempre a la solución fácil.

La cultura masiva, representada paradigmáticamente por la televisión, queda en deuda con sus audiencias. Estamos descontentos con la televisión porque es poco lo que tiene que mostrar, pero igualmente la vemos mucho. Es necesario generar esa capacidad crítica que distingue las buenas de las malas expresiones artísticas, que es capaz de captar la sutileza del buen humor, del drama real, de la picardía ingeniosa. Si sólo nos adecuamos a los moldes, será imposible diferenciar entre lo efectivamente original de la copia, y sólo seremos capaces de seguir aquello que nos dice el rating.

Expertos, autoridades y académicos han coincidido en bastantes aristas que ya permiten tener un panorama claro en educación y que permiten empezar a generar reales cambios.

El avance en cobertura durante los últimos 30 años ha sido gigantesco. Pasamos de una educación superior que solo estaba al alcance de unos pocos a una educación que, tal como señala José Joaquín Brunner, dejó de ser “superior” y pasó a ser “terciaria”. Pasó a ser de elite, a ser la continuación natural luego de cursar la secundaria. Ya no eran unas pocas instituciones que ofrecían títulos profesionales. Instituciones privadas entraban al mercado y junto a ellas empieza a ser factible estudiar una carrera profesional.

Inevitablemente, este fenómeno provocó que una gran masa de profesionales empezara a demandar trabajo y remuneraciones justas. Los créditos debían ser pagados de alguna forma y la ilusión de tener una economía estable se instala en las mentes de los jóvenes. Uniformidad de títulos, pocos profesionales técnicos y la desilusión al tener que trabajar en algo distinto a lo estudiado, empiezan a arrojar luces de que algo no estaba funcionando.

Hoy, ante todos esos avances, nos toca hacernos cargo de un modelo que debemos adecuar a la realidad y mejorar sus falencias. Para que realmente tengamos una educación de calidad y mayor equidad no podemos empecinarnos obtusamente en imponer gratuidad o eliminar el lucro.

Las autoridades deben estar preocupadas de controlar la masificación de la educación superior, nivelar el alto porcentaje de copago de las familias, aumentar la vigilancia a las instituciones, perfeccionar los requisitos de acreditación y mejorar la calidad. Deben acabarse las presiones y los intentos de derrumbar un sistema a la fuerza. Debemos asegurar un sistema de acreditación donde solo las instituciones que cumplan altos niveles de calidad y excelencia sean acreditadas para impartir carreras profesionales. Aumentar e incentivar el estudio de carreras técnicas que equilibren la oferta con las carreras tradicionales –no es novedad saber que sobran profesionales que terminan trabajando como técnicos y la creciente necesidad del mercado laboral por estos últimos–.

Con un perfeccionamiento en la acreditación necesariamente vamos a estar creando instituciones donde se impartirá educación de mejor calidad. Debemos apoyar las iniciativas de subvención a los quintiles más bajos para que puedan acceder a un título o una carrera técnica sin que al final estén endeudados por años, y que el esfuerzo por estudiar no se traduzca en trabajar en cualquier cosa para pagar el crédito. De esta forma estaremos equilibrando los niveles de gasto en las familias y mejorando realmente su calidad de vida.

Sin perjuicio de todo lo anterior, hay algo que en la discusión pública se ha tendido a olvidar. No solo lo que hace ruido es lo relevante. No podemos olvidar que la educación preescolar y escolar es donde se logra la capacitación y desarrollo para entrar a la educación superior. Es precisamente la educación escolar la que determinará la excelencia con que el niño podrá obtener resultados y le entregará las herramientas para que lo haga.

Si no complementamos estas políticas públicas con la inyección de recursos en este nivel educativo, no lograremos mejorar la equidad en el ingreso a la educación superior. Serán definitivamente excepcionales los casos de alumnos de colegios públicos que logren ingresar a una institución superior de excelencia y con ayuda financiera.

Debemos ser capaces de dejar de pensar que porque marchamos, destrozamos y salimos a las calles nuestras peticiones se volverán más válidas. La educación es uno de aquellos temas que requieren de análisis y de un diálogo entre expertos que permitan abrir las puertas hacia políticas públicas de mejoramiento y equidad. Es irresponsable querer cambiar de un día para otro un sistema que, con sus falencias, ha permitido el ingreso a la educación superior de más del doble de alumnos que hace 20 años y que requiere, por cierto, de adecuaciones estructurales bien pensadas y reales.

Pongamos el énfasis a lo que realmente importa y a no creer que la verdad está en quién hace más ruido.